El Comité de Derechos Humanos publicó este miércoles un informe sobre la situación de estas libertades fundamentales en Brasil, en el que a pesar de las extensas críticas, reconoció los esfuerzos de este país para dar acogida a los refugiados y migrantes venezolanos.
Sin embargo, el comité de expertos criticó la declaración de al menos 39 decretos administrativos que restringieron el flujo migratorio de los venezolanos durante la pandemia, que incluyeron la suspensión de los procesos de asilo.
Las dificultades de acceso a estos procedimientos continúan en Brasil, señaló el informe, indicando que algunos migrantes tienen dificultades para integrarse en la sociedad y la economía brasileña (caso de los venezolanos) o para obtener visados humanitarios (algo que ocurre principalmente con los haitianos).
En el documento el país expresó su preocupación por cuestiones como la impunidad en ciertos delitos y la corrupción, algo que llega después de 18 años de falta de cooperación entre las autoridades brasileñas y esta institución de Naciones Unidas.
El informe, tercero del comité de Brasil y primero desde 2005 (otros países suelen ser sometidos a esta revisión cada cinco o seis años) comienza dando la bienvenida a las autoridades brasileñas por reanudar su diálogo constructivo pese a llegar más de 10 años tarde.
En los aspectos positivos, reconoce avances de Brasil en legislaciones para la protección de los derechos humanos, incluidas recientes medidas del actual gobierno de Luiz Inázio Lula da Silva, como la creación de los ministerios para los pueblos indígenas o para la igualdad racial.
En el documento, el Comité formado por 18 expertos y presidido por la paraguaya Tania María Abdo, expresa entre otros puntos su preocupación por la falta de legislación en Brasil para reforzar la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en vigor desde 1976 y por cuyo cumplimiento vela este órgano.
También critica la falta de progresos claros en la creación de una institución independiente de derechos humanos en Brasil, así como la insuficiente aplicación de las medidas lanzadas por el país para combatir la corrupción, que se traducen por ejemplo en largos retrasos en los procesos en torno a la operación Lava Jato.
Insta por ello a Brasil a «aumentar sus esfuerzos para erradicar la corrupción y la impunidad a todos los niveles, tomando medidas para garantizar una rápida finalización de todos los procesos relacionados con Lava Jato», la mayor operación lanzada en el país para combatir el blanqueo de dinero.
Lamenta asimismo la falta de aplicación de las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Verdad, encargada de la investigación de violaciones de derechos humanos entre 1946 y 1988 (incluyendo las perpetradas durante la dictadura militar entre 1964 y 1985).
También manifiesta su preocupación por los informes que denuncian una extendida discriminación, con altos niveles de acoso, violencia y discursos de odio, por motivos de raza, género, orientación sexual o situación socioeconómica.
«Lamentamos la falta de una completa legislación contra esta discriminación», añade el documento, que en particular echa en falta leyes contra el racismo y dirigidas a combatir la discriminación por motivos de orientación sexual.
El comité señala, con respecto a la igualdad de género, los bajos niveles de participación de las mujeres, especialmente las afrodescendientes, las del colectivo LGBTIQ+ y otros grupos discriminados, en la política, la judicatura y otros sectores.
También lamenta la falta de leyes integrales contra la violencia machista, y los insuficientes servicios de protección y asistencia a las víctimas de ésta.
Por otro lado, el comité expresa su preocupación por el extendido uso de la ley sobre alienación parental a la hora de retirar la custodia de las madres sobre sus hijos.
El informe denuncia además un incremento de las denuncias de tortura y maltrato, mientras sólo algunos estados de Brasil han puesto en marcha mecanismos para combatir estos abusos durante las detenciones.
También registra el incremento de los ataques físicos, del acoso verbal y de la intimidación contra periodistas y defensores de derechos humanos, así como el uso de legislación penal para intimidar la labor periodística y censurar la libertad de prensa.