La desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa fue un «crimen de Estado» en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles. No hay indicios de que estén vivos, concluyó este jueves de forma preliminar la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso.
“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano», declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno, en conferencia de prensa.
El funcionario presentó las primeras conclusiones preliminares de la comisión que creó en 2018 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron en Guerrero, estado del sur del país.
Negligencia de las autoridades
La comisión también concluyó “que autoridades federales y estadales del más alto nivel fueron omisas y negligentes». También las acusó de «alterar hechos y circunstancias» para establecer una conclusión «ajena a la verdad».
“Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”, señaló Encinas sobre las autoridades, incluidos miembros del Ejército y las policías locales.
El funcionario también reconoció que «no hay indicios» de que ninguno de los estudiantes esté vivo y que «nunca estuvieron juntos» desde que se separan en la estación de autobuses de Iguala esa noche.
El 26 de septiembre de 2014 los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.
Según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada «verdad histórica», policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al Cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
La Administración de López Obrador ha desmentido esa «verdad», al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.