La Comisión Europea recalcó este martes su respeto a la independencia de la Corte Penal Internacional (CPI) tras la decisión de su fiscal de solicitar órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el líder de Hamás Yahya Sinwar, entre otros, por crímenes de guerra y lesa humanidad en Israel y Palestina.
«La Unión Europea respeta la independencia de la CPI. Es una institución internacional independiente que trabaja en la investigación de los crímenes más graves, que trata de evitar que haya impunidad en las violaciones que caen bajo su competencia. Todos los países que han suscrito el estatuto tienen la obligación de cumplir (con sus decisiones)», dijo el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Peter Stano.
Ya este lunes, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, recordó que los Estados que han ratificado los estatutos de la CPI están obligados a ejecutar sus decisiones.
El portavoz comunitario subrayó, no obstante, que es demasiado pronto para valorar cómo afectará esta decisión a los contactos entre la Comisión Europea y el primer ministro israelí, ya que todavía tienen que confirmarse las solicitudes de arresto en la propia CPI.
Aunque en el área de política exterior corresponde a los Estados miembros tomar sus propias decisiones y la UE solo se pronuncia con la unanimidad de todos los socios, Stano recordó que la última vez que los líderes europeos debatieron sobre el papel de la CPI su conclusión fue de «apoyo a su función central de aportar justicia a las víctimas en todas las situaciones bajo su jurisdicción».
Preguntado por la reacción crítica de Estados Unidos y otros países a la decisión del fiscal de la CPI, Stano señaló que «opinar sobre una decisión no implica necesariamente atacar personalmente o intimidar a nadie» y que dichas reacciones «se basan en el derecho de cada país a formular sus propias posiciones en política exterior».
En este caso, la investigación abierta en la CPI desde 2021 incluye los crímenes cometidos desde 2014 y hasta la actualidad en el territorio palestino ocupado, lo que afecta al gobierno israelí y sus Fuerzas Armadas, y a todas las milicias palestinas.
Los crímenes de guerra alegados se cometieron en el contexto del conflicto armado entre Israel y Palestina, e Israel y Hamás, mientras que los de lesa humanidad fueron parte de “un ataque generalizado y sistemático” contra la población civil conforme a políticas de la organización (en el caso de Hamás) y a una “política de Estado” (desde Israel).
La CPI tiene 124 Estados miembros, entre los que no está Israel, pero sí Palestina, lo que da a la CPI jurisdicción sobre los crímenes cometidos en territorio palestino o por nacionales palestinos en otro Estado, aunque este no sea miembro.