El canciller colombiano, Álvaro Leyva, planteó este jueves ante la ONU el establecimiento de una comisión de investigación internacional. Orden impuesta tras el supuesto «entrampamiento» a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso del exintegrante de las FARC Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, muerto en 2021.
La propuesta llega después de que el mes pasado la JEP denunciara posibles irregularidades de exfuncionarios de la Fiscalía colombiana en las garantías de no extradición de Santrich.
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«Algunos hemos considerado que lo que se buscó fue un entrampamiento a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso siento como mi obligación llamar la atención del Consejo de Seguridad, porque sí tenemos enemigos del proceso de paz», dijo Leyva ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
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El canciller colombiano habló de la posibilidad de crear una comisión de investigación o un grupo de expertos independientes. Estas con el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres.
«Como consecuencia de la creciente necesidad de implementar mecanismos para evitar que se continúe afectando el proceso de paz mediante el entrampamiento realizado por extraños, lo cual ha ocasionado la conformación de disidencias y el debilitamiento del Acuerdo, se hace necesaria la creación de una comisión internacional de investigación o grupo de expertos independientes», dijo.
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La idea, explicó el canciller, es poder «blindar aún más» el proceso de paz en Colombia.
El ocultamiento de la información es intolerable
Santrich resultó expulsado de la JEP tras abandonar el acuerdo de paz firmado en 2016 y volver a la clandestinidad con la Segunda Marquetalia; disidencia comandada por el también exlíder de las FARC alias «Iván Márquez». Santrich integró el último mando de las extintas FARC y murió en 2021 en Venezuela en un supuesto enfrentamiento entre guerrillas.
Sin embargo, la JEP se pronunció sobre la petición de extradición que constaba contra él cuando aún estaba sometido a la justicia transicional.
Según dijo el mes pasado el presidente del tribunal, Roberto Vidal, la Fiscalía de entonces no le entregó a la Jurisdicción toda la información -requerida en varias oportunidades- para tomar la decisión en el caso Hernández Solarte.
«El ocultamiento de la información requerida por autoridades judiciales es una práctica que no puede tolerarse», aseguró la JEP en su denuncia. Allí, además, relata que pidió a la Fiscalía de entonces que «hicieran entrega de la documentación que permitiera cumplir el deber de pronunciarse sobre si debía operar o no la garantía de no extradición» de Santrich. Información que no fue suministrada.
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La JEP habla de lo que «parece ser un ocultamiento sistemático» de la información de este proceso; aunque su presidente aseguró que no se están pronunciando sobre un posible «entrampamiento» a Santrich, como han alegado miembros del actual gobierno. Medida que hubo para falsificar, supuestamente, pruebas de sus vínculos con el narcotráfico y forzar así su extradición
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