Andrés Jiménez, fiscal delegado contra las finanzas criminales, renunció a su cargo, empacó maletas hace ocho días y se fue a Europa a ejecutar un proyecto. Pero antes le admitió a El Tiempo que tuvo acceso al expediente que Brasil tiene sobre el escándalo de Odebrecht y asegura que la Fiscalía de Colombia fue más allá.
Además, reveló que parte de los sobornos que el ex viceministro Gabriel García recibió se perdieron en inversiones fallidas en la Bolsa de Nueva York. Y contó por qué no prosperaron preacuerdos claves en el caso Cemex.
También habló de otros procesos emblemáticos, como el del Lamborghini de los Ambuila y el de lavado, del reconocido empresario Salomón Korn.
Jiménez aseguró que deja como legado una fiscalía delegada empoderada, con 500 fiscales e investigadores entrenados en indagar en crímenes financieros y con la mejor sucesora: Luz Ángela Bahamón.
Esta es una de las imágenes de Jenny Ambuila en el carro de alta gama | Foto Fiscalía de Colombia
—¿Cuáles son los casos claves que adelantó su delegada?
—Los Panamá Papers, la corrupción en el Invima y hasta los productos «esotéricos» que vendía Stella Durán. En materia de lucha contra el contrabando y la corrupción, el caso que más sonó fue el de Ómar Ambuila y su hija Jenny. Ella vivía en un penthouse de la torre Trump de Miami y tenía un Lamborghini de 300.000 dólares, pagado desde Colombia. De la mano de la DIAN, sacamos muchos funcionarios corruptos de esa entidad. También sacamos una orden de captura contra Álex Saab –el denominado testaferro del régimen de Venezuela–, mucho antes de que fuera incluido en la Lista Clinton. Solo en operaciones de lavado, en los últimos tres años judicializamos 16 billones de pesos.
En materia de extinción de dominio, los resultados también son históricos. Desde agosto de 2016 hasta la semana pasada, cuando me retiré, la cifra iba en algo más de 17 billones de pesos: dos reformas tributarias. Hubo resultados notables contra el narcotráfico y los bienes que no fueron entregados por la antigua guerrilla de las FARC, unos 2,5 billones del total que le mencioné.
—¿Contrabando y blanqueo se están equiparando al narcotráfico?
—Son primos hermanos. En los dos años de existencia de la delegada aumentamos 65% la productividad de la Dirección contra el Lavado. Atacamos estructuras que lavaban plata a organizaciones criminales. Entre otros, judicializamos al empresario Salomón Korn, que se codeaba con la farándula mientras que interceptaciones mostraban cómo acordaba lavar el dinero.
—Dos comercializadoras de oro son procesadas por lavado. ¿Qué pasa en ese sector?
—La minería ilegal constituye hoy una gigantesca economía criminal que depreda el medioambiente y fortalece los grupos ilegales. Hoy es más rentable exportar oro ilegalmente que el mismo negocio del narcotráfico. Un kilo de coca en calles de Nueva York cuesta 36.000 dólares y un kilo de oro, 42.000 dólares, y los reintegros se hacen por los bancos. Haga cuentas.
Concentramos esfuerzos en los comercializadores internos, que compraban oro sin importar de dónde venía y sin cumplir la regulación. También en las comercializadoras internacionales, que mueven billones. En 3 años se hicieron operativos que daban cuenta de casi 12 billones en lavado a través de esas operaciones.
—Fuentes en Brasil le dijeron a El Tiempo que usted viajó a negociar el acuerdo para acceder a las evidencias del caso Odebrecht. ¿Por qué no se firmó?
—Tiene buenas fuentes. Al inicio del proceso Odebrecht, en 2017, como director de la Policía Financiera (PEF), viajé varias veces a Brasil en busca de intercambios probatorios. En junio de 2017 me reuní en Brasilia –en compañía de uno de los fiscales colombianos del caso Odebrecht– con el coordinador de cooperación judicial de la Fiscalía de Brasil, Vladimir Aras. También estaban 5 o 6 fiscales que hacían parte de la Força-Tarefa de Curitiba y de Brasilia. Intercambiamos información. El resultado es que apenas 6 meses después de iniciarse el caso en Colombia, nuestra Fiscalía ya tenía más pruebas de corrupción de las que habían recopilado Brasil y Estados Unidos juntos. Los brasileños quedaron sorprendidos y nos mostraron informalmente el resumen de las pruebas que tenía la Fiscalía de ese país y lo que habían dicho los colaboradores en el proceso Lava Jato.
El acuerdo que proponía Brasil implicaba que las pruebas que nos dieran no podían usarse en contra de Odebrecht ni de sus ejecutivos. Colombia no podía aceptar esa condición, más aún si las pruebas que allá existían ya se habían obtenido en nuestro país, como resultado de nuestro trabajo y los principios de oportunidad negociados con Luis Bueno y Eleuberto Martoreli. Hubiéramos quedado con las manos amarradas. Que sepa, Colombia fue el primer país en el que se ha imputado y librado órdenes de captura contra brasileños.
Creo que acá no se ha reconocido ni dimensionado el papel desempeñado por los 14 fiscales del caso Odebrecht en Colombia. Lograron descubrir más cosas que lo que reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Otto Bula, ex senador cordobés condenado por el escándalo de Odebrecht | Foto Abel Cárdenas / El Tiempo
—El Tiempo reveló evidencia que Brasil tiene sobre el caso colombiano. Pero la Corte Suprema intenta acceder al expediente. ¿Van a encontrar algo más?
—Qué bueno que ustedes hayan divulgado esa información. Conocimos todo lo que tiene Brasil. Según lo que vimos con el fiscal con el que viajé, allá no se encuentra nada más, y todo lo que hay allí ya se indagó en Colombia. No van a encontrar nada distinto de lo que la Fiscalía ya investigó y les compulsó a la Corte y a la Procuraduría.
Para junio de 2017, la justicia extranjera hablaba de coimas en Colombia en 2 contratos por 11 millones de dólares, y para esa época la Fiscalía ya había establecido 4 contratos corruptos: Ruta del Sol, Ocaña-Gamarra, Estabilidad Jurídica y Tunjuelo-Canoas, con pagos ilícitos que sumaban 84.000 millones de pesos, tres veces la suma revelada por la justicia gringa y la brasileña.
—Sectores de opinión insisten en que acá no se avanzó como en Perú, con ex presidentes implicados…
—El caso de Perú es distinto. Allá, la corrupción llegó a los bolsillos de ex presidentes, lo que da para mucho titular. Según las pruebas que vimos en Brasil y las recaudadas en el país, aquí se optó por otro modelo de corrupción: la compra de funcionarios de las entidades contratantes y de congresistas, como pasó en República Dominicana. Hay algunos sectores que, por motivaciones políticas, continuarán sosteniendo que mientras no se judicialice a ex presidentes y a los socios nacionales de Odebrecht, aquí no se ha hecho mayor cosa. Absurdo, si muchas de las pruebas recaudadas en Brasil y Colombia que ya son públicas no los involucran.
La memoria es frágil. A las dos semanas de explotar el escándalo, aquí ya se había capturado al ex viceministro Gabriel García y al ex senador Bula. Nada igual ocurrió en América Latina. Le doy una sola cifra: en Brasil se judicializó a 89 personas, aquí superamos la cifra.
Una de las evidencias que tiene Brasil sobre el caso en Colombia. Luiz Bueno detalló las reuniones con el viceministro Gabriel García Morales y el pago de 6,5 millones de dólares | Foto El Tiempo
—¿Y las campañas presidenciales, qué?
—La Fiscalía probó desde hace tres años que había llegado plata a las campañas presidenciales. Al comienzo esta noticia se recibió con escepticismo, y hoy no se cuestiona. En Brasil había algunas pruebas sobre la financiación política de 2014, pero allí no conocían de los aportes de 2010 que encontramos en Colombia, y, en todo caso, esa financiación no se relacionaba con coimas.
También logramos que, por primera vez en la historia de la cooperación judicial con Panamá, nos dieran información bancaria y corporativa. Eso permitió rastrear todo el dinero corrupto. Por eso, el viceministro García no es el único implicado por el manejo de los dineros sucios. Hay más condenados por corrupción y lavado de activos.
Nadie cuestiona a la justicia americana ni a la brasileña en el caso Odebrecht. Aquí se encontró el doble de los contratos públicos denunciados internacionalmente por corrupción, se identificaron decenas de contratos ilegales para movilizar los dineros irregulares, que no se conocieron en Brasil, y se probó que los dineros de las coimas fueron tres veces el valor dado a conocer por las autoridades extranjeras.
Lo irónico es que el debate nacional se hace es con la información recaudada por la Fiscalía colombiana.
—El Tiempo reveló cómo se movió plata del «carrusel» de la contratación por Estados Unidos. ¿En qué va el caso?
—Esa era una deuda que tenía la justicia de Colombia. Cuando asumí la delegada hicimos un balance de las operaciones financieras vinculadas al «carrusel» de la contratación. Si bien las investigaciones por corrupción avanzaban –incluso, la semana pasada el ex alcalde Samuel Moreno recibió su tercera condena–, no sucedía lo mismo con el tema financiero. Una de las dificultades fue armar un rastreo financiero casi diez años después del saqueo. En algunos casos, la información ya no estaba; algunos no querían cooperar ya estando condenados, o entidades a través de las cuales se movieron los recursos ya no existían. Pero tuvimos dos importantes resultados.
Saber cómo se trasladaron recursos del «carrusel» hacia Estados Unidos; y el papel que tuvo el ex embajador Fernando Marín Valencia. Descubrimos un entramado de sociedades que se constituyeron para comprar bienes relacionados con los Moreno en Miami. Las sociedades se liquidaron en 2012, pero se sigue investigando qué pasó después de cerradas. También se reveló qué parte de los recursos terminaron en un proyecto inmobiliario en Miami, cuyo valor comercial estaría por 70 millones de dólares. Estos temas quedan andando para perseguir esos recursos y rastrear otros más.
La Fiscalía asegura que dinero del saqueo a Bogotá terminó invertido en Miami. El caso implica al ex alcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas | Foto Ana María García / El Tiempo
—¿Y el otro resultado?
—El segundo resultado fue la incautación de 2 apartamentos relacionados con los Nule en Estados Unidos. Valen aproximadamente 2 millones de dólares y fueron incautados por órdenes de un fiscal de extinción de dominio de Colombia. Lo más importante de todo, esa medida fue reconocida por una corte federal de Estados Unidos. Lograr eso en materia de cooperación judicial internacional en tan corto tiempo es muy destacable. Esto también se logró gracias al acuerdo de compartición de bienes que existe con Estados Unidos, firmado a finales de 2016 y que, por supuesto, ayuda a que estos temas sean posibles.
En ese expediente se lograron resultados que nunca se habían obtenido en la Fiscalía, pero también se perdió tiempo al no haber hecho las preguntas correctas en el pasado.
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