Un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó este lunes a recibir los testimonios de decenas de ecuatorianos afectados por la reciente ola de protestas en Ecuador, pese a que el gobierno asegura que no se violaron los derechos humanos.
Numerosos ecuatorianos se personaron a lo largo de la jornada en el hotel donde el equipo está recibiendo a los damnificados para escuchar sus versiones.
Ana Bonilla acudió en representación de los familiares de un grupo de menores de edad que fueron apresados cerca del edificio de la Contraloría General del Estado cuando era incendiado el día 12 de octubre.
“Ya son 15 días que están detenidos, estamos pidiendo la apelación, pero igual no llega todavía, se están demorando demasiado. Son 6 niños menores de edad entre 14 y 17 años que fueron brutalmente golpeados”, dijo.
A su vez, pidió a los miembros del equipo de la CIDH que les ayuden con la liberación de todos ellos. Afirma que estaban “manifestándose pacíficamente” y que fueron arrestados porque otros “comenzaron a lanzar por aquí y por allá las bombas (cohetes y cócteles molotov)”.
“Se está culpando de terrorismo a muchachos de 14 años que inocentemente salieron, que pueden ser sus propios hijos que podían estar ahí adentro. Los cogieron el 12 de octubre (día de la quema de la Contraloría)”, puntualizó.
Investigación en curso
El equipo de la CIDH coincide en la zona con otro de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se encuentra en el país desde el lunes pasado y que tenía previsto reunirse con representantes de todos los sectores para investigar lo ocurrido desde el 3 hasta el 13 de octubre, cuando Ecuador vivió una de las olas de violencia más graves de su historia reciente.
En esta murieron al menos seis personas y 1.340 resultaron heridas. Distintos grupos, entre ellos, el movimiento indígena que encabezó las protestas, han denunciado violaciones por parte de las fuerzas del orden.
Guido Perugachi, de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, comentó a la salida de prestar testimonio que han denunciado “la represión brutal del gobierno de Lenín Moreno en el transcurso de esos días”.
“Nosotros hemos sufrido pérdida de ojos, maltrato psicológico. Los dirigentes han sido perseguidos. Hemos sufrido maltrato a las mujeres, a niños, a jóvenes y como, en mi caso, sufrí perdigones de bala por estar defendiendo al pueblo adelante de todos”, declaró.
Defiende que las manifestaciones que hicieron se amparan “en la Constitución, en el artículo 98″, y que, agregó, concede: «El derecho a la resistencia y a decirle al gobierno que no queremos medidas económicas brutales para el pueblo ecuatoriano”.
El gobierno de Moreno invitó a las dos comisiones para que verifiquen todo lo ocurrido. Asegura que actuó con moderación y usando exclusivamente herramientas establecidas en los convenios internacionales para este tipo de casos como, por ejemplo, el gas lacrimógeno.
Asimismo, dice que no ha habido víctimas mortales por acción directa de las fuerzas del orden, como tampoco hubo uso de la fuerza letal, por lo que ha pedido a la CIDH que investigue para conocer el origen de algunos casos de heridos de bala que el gobierno atribuye a otros factores o causales.
Presuntas pruebas
Durante las protestas, muchos manifestantes mostraron casquillos de armas de fuego supuestamente empleados por las fuerzas del orden.
La violenta ola de protestas estalló a raíz de la subida del precio de los combustibles y del transporte por la eliminación de unos históricos subsidios que el gobierno se ve incapaz de seguir financiando cuando sus arcas pasan por momentos difíciles.
Dadas las manifestaciones, Moreno derogó el decreto y ha presentado un plan alternativo de recortes, aunque, por el momento, insuficiente para las demandas que requieren las entidades internacionales a las que ha pedido financiación.
La segunda comisión investigadora, la de la Oficina de Naciones Unidas, visitó el edificio de la Contraloría para observar los daños que ocasionaron los manifestantes.
El contralor Pablo Celi presentó a ambas comisiones investigadoras un informe institucional. Este consta de evaluaciones del cuerpo de bomberos sobre el impacto del siniestro en la estructura, documentación y sistemas de la Contaloría.
El contralor anunció, además, que hará una visita con delegados de la CIDH el próximo día miércoles.