La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por el procesamiento y detención de civiles en la jurisdicción penal militar y el uso de operaciones militares para el control de manifestaciones públicas en Venezuela.
“La CIDH está (siguiendo de manera muy cercana) las protestas masivas en Venezuela desde que se iniciaron hace unas ocho semanas. La Comisión ha manifestado su extrema preocupación por los hechos de violencia y su alarma sobre la militarización y el llamado del gobierno a armar a milicias civiles. Lamentablemente, la situación continúa agravándose, y el número de personas muertas, heridas y detenidas está permanentemente en aumento”, indicó el organismo a través de un comunicado.
La Comisión hace referencia a la información de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que señaló que desde el 6 de abril al 24 de mayo el Ministerio Público de Venezuela tiene registradas 55 personas fallecidas por hechos de violencia, 52 de ellas civiles y 3 funcionarios. Además, registra más de mil heridos, 771 civiles y 229 funcionarios; 346 bienes afectados por la violencia, que hay 1.465 investigaciones en curso, se ha imputado a 2.674 personas por diferentes delitos y 284 personas han sido encarceladas.
La Comisión también se hace eco de las organizaciones de la sociedad civil y voceros del gobierno que afirman que son más de 60 las víctimas de violencia –entre ellos 6 adolescentes– y que desde el 1º de abril al 24 de mayo de 2017 ha habido 2.815 manifestantes arrestados, y 1.240 permanecen detenidos.
“En respuesta a la situación de violencia el gobierno anunció la activación de la segunda fase de la operación cívico-militar conocida como Plan Zamora. A través de esta operación, en la cual participan funcionarios policiales y militares y también grupos de civiles armados, se ha procedido a realizar detenciones masivas y a aplicar la jurisdicción penal militar a los civiles detenidos en las manifestaciones”, expuso.
“La CIDH expresa su profunda preocupación por el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y a la participación social y política en forma más amplia. En particular, la Comisión Interamericana recuerda que el uso de la jurisdicción penal militar para el procesamiento de civiles implica la violación de una serie de derechos, como el derecho al juez natural, y desnaturaliza las garantías judiciales de manera transversal en todo el proceso, lo cual tiene graves consecuencias en la vigencia del Estado de Derecho”, indica el texto.
“Instamos de manera urgente y enfática al Estado de Venezuela a cesar el procesamiento de civiles en jurisdicción militar”, dijo el presidente y relator de la CIDH para Venezuela, comisionado Francisco Eguiguren.
“Es contrario a los estándares interamericanos de derechos humanos procesar a civiles en la jurisdicción militar por participar en protestas y manifestaciones”, afirmó.
Asimismo, la Comisión Interamericana urge a Venezuela a no utilizar operaciones de naturaleza militar, como el Plan Zamora, para el control de las protestas sociales, y a abstenerse de utilizar civiles armados para el control de manifestaciones.
La Comisión llama a las autoridades venezolanas, una vez más y con carácter de urgencia, a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo el deber de procesar los delitos comunes en la jurisdicción ordinaria. La CIDH reitera su enérgico llamado a rechazar cualquier forma de violencia y fomentar la búsqueda de soluciones con absoluto apego a los derechos humanos.
Dos años de Almagro en la OEA
El ex canciller de Uruguay, Luis Almagro, renovó su compromiso con la democracia y los derechos humanos al cumplir dos años como secretario general de la Organización de los Estados Americanos.
“Hoy (ayer) al celebrar mi segundo año al frente de @OEA_oficial renuevo mi compromiso en defensa de los valores de la democracia y derechos humanos en las Américas”, escribió Almagro en su cuenta de la red social Twitter.
El canciller en el gobierno del ex presidente de Uruguay, José Mujica, asumió el liderazgo de la OEA el 26 de mayo de 2015 por un mandato de cinco años con la promesa de lograr que el ente sea más resolutivo y buscar la integración plena de Cuba tras el levantamiento de su suspensión en 2009.
Por el contrario, el gobierno de Venezuela decidió abandonar la organización tras aprobarse la convocatoria de una reunión de consulta de cancilleres en la OEA sobre la crisis política y social del país, pese a su oposición frontal a que la organización tenga algún papel mediador. El 14 de marzo, Almagro había pedido en un extenso y muy crítico informe suspender a Venezuela de la OEA si no se convocaban a corto plazo elecciones generales en la nación petrolera, ya que considera que esa es la “única salida a la crisis actual”.
Si bien el papel le ha valido muchas críticas, Almagro está satisfecho porque la OEA se ha convertido en foro principal de la crisis de Venezuela, tras años de mantenerse al margen. Su papel atípico como un secretario general muy crítico con el gobierno de un Estado miembro y su constante denuncia de la situación en el país le han valido críticas pero también reconocimientos, el último el Premio Libertad de la organización estadounidense Freedom House por su “defensa de la democracia en Venezuela y su trabajo por los presos políticos y sus familias”.