El ministro secretario general de la Presidencia de Chile, Giorgio Jackson, anunció este lunes que el gobierno recomendará al Parlamento que discuta con «suma urgencia» un polémico proyecto de amnistía a los manifestantes detenidos durante la ola de protestas de 2019, conocida como «estallido social».
“Para nosotros es importante en materia de derechos humanos (…), y va en la línea de poder cerrar, revisar y ojalá sanar ciertas heridas que dejó el estallido social en nuestra sociedad”, señaló Jackson en un punto de prensa.
Una vez se eleve oficialmente la orden de «suma urgencia», el Senado tendrá un plazo aproximado de quince días para decidir sobre la norma.
Luego esta deberá pasar por la Cámara de Diputados.
Gobierno de Chile sobre ley de amnistía
El proyecto de ley busca otorgar la amnistía a aquellas personas que cometieron delitos durante el estallido social de 2019.
Un hecho en el que masivas protestas dejaron una treintena de muertos, miles de heridos y denuncias de violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad.
Así como numerosos episodios de violencia con saqueos e incendios.
La iniciativa la presentó un grupo de parlamentarios de izquierda y se convirtió en uno de los temas más espinosos de los últimos meses en el mandato de Sebastián Piñera, quien repudiaba el proyecto.
Rechazo al perdón
Mientras que la derecha rechaza la idea del perdón y sostiene que «en Chile no hay presos políticos».
En la izquierda denuncian que durante esa crisis social se produjo «una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y múltiples procesos penales».
La urgencia a esta iniciativa surgió de una solicitud la semana pasada al Ejecutivo por la senadora y supuesta víctima de la violencia policial Fabiola Campillai.
La legisladora agregó que «con esto, se va a apelar al sentido humanitario de cada parlamentario».
Boric sobre aprobar la amnistía
Al comienzo, el actual presidente, el izquierdista Gabriel Boric, se posicionó a favor y sin condiciones de aprobar la amnistía.
Sin embargo, durante la campaña electoral aseguró que “no es aceptable pensar en un indulto para todos».
Familiares de los detenidos, asociaciones y simpatizantes de la causa llevan más de dos años saliendo a las calles denunciando abuso de la prisión preventiva.
Así como lentitud de los procesos judiciales y uso de legislación especializada para criminalizar las protestas.
Organismos de derechos humanos apuntan a que no existen cifras definitivas sobre el número de personas que siguen detenidas, aunque el Ministerio Público afirmó en mayo de 2021 que eran 25.