El gobierno de Chile pidió este lunes al presidente argentino, Alberto Fernández, que se abstenga de opinar sobre el estallido social, luego de que este asegurara que la comunidad internacional no es tan crítica con la crisis que vive el país como lo es con la situación en Venezuela.
La Cancillería explicó en un comunicado que el canciller chileno, Teodoro Ribera, llamó a su homólogo argentino, Felipe Solá, para expresarle su sorpresa por los comentarios de Fernández y precisarle la conveniencia de no emitir opiniones sobre situaciones de política interna de los respectivos países.
Durante una entrevista en una televisión local, Fernández aseguró que hay que poner la mirada en su lugar justo y que la comunidad internacional habla menos de las violaciones a los derechos humanos que presuntamente se han cometido en Chile durante las protestas que de otras crisis.
«Me acordaba días atrás, cuando recibí a las organizaciones de derechos humanos venezolanas, en 2013, cuando Maduro, después de una manifestación puso presos 800 personas. Piñera metió presas a 2.500 personas y no pasa nada, nadie dice nada», dijo Fernández.
«Quiero aclararle que tengo el mejor trato con Piñera y, si puedo ayudar en algo a que Chile salga de este momento, los voy a ayudar en lo que esté a mi alcance. Pero seamos justos, digamos todo», agregó el gobernante argentino.
La Cancillería chilena aseguró en el mismo comunicado que en el país existe un pleno Estado de Derecho y que no es el presidente de la República, sino las policías, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, las instituciones que cuentan con atribuciones para detener, investigar, juzgar y condenar a los responsables de delitos.
Chile vive su crisis más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con al menos 24 muertos, miles de heridos y graves señalamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos.
El autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos ha interpuesto hasta la fecha un total de 943 denuncias contra las fuerzas de seguridad. De estas, 750 son por torturas y 134 por violencia sexual.
Lo que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo.
Aunque las manifestaciones han perdido fuerza, sigue existiendo descontento en las calles y la crisis parece lejos de solucionarse.
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