La Fiscalía Nacional informó este lunes que extenderá a todo Chile las solicitudes de prisión preventiva para los extranjeros que sean detenidos por cualquier delito y que no cuenten con la documentación que los identifique.
La medida, que inicialmente se limitó solo a la Región Metropolitana, a la que pertenece Santiago, fue una de las primeras en anunciarse el viernes. Esta, a su vez, no sería aplicable a los migrantes irregulares que no estén imputados por algún delito. La sentencia fue dictada tras el asesinato del policía Daniel Palma la madrugada del jueves durante un control rutinario.
“Necesitamos avanzar en reglas más claras y más precisas en lo que se refiere a la identificación de extranjeros indocumentados. Tenemos un problema grave, que entorpece las investigaciones, con los extranjeros que no portan cédula nacional de identidad. Vamos a pedirle al Ministerio de Justicia que adopte todas las medidas para poder contar con un sistema eficaz”, dijo entonces el fiscal nacional, Ángel Valencia.
Un problema de identificación
Según cifras de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, «el 25% de los imputados que pasan a control de detención son extranjeros, y de ese porcentaje el 50% no cuenta con RUN [DNI] en el Registro Civil. Lo que conlleva a problemas de registro e identificación, así como también problemas de carácter procesal».
El viernes, el ministro Justicia, Luis Cordero, aseguró que el gobierno mejorará la coordinación con el registro civil para las comprobaciones de la identidad de los extranjeros. Pero advirtió que la ocupación en los centros penitenciarios chilenos va en aumento.
Más legislaciones contra la violencia
Los tres supuestos para dejar a alguien en prisión preventiva, regulados por el Código Penal, apuntan a lo siguiente: la existencia de un peligro para la seguridad de la sociedad, peligro de fuga y peligro para la seguridad de la víctima. Sin embargo, no se menciona como causal la imposibilidad de determinar la identidad.
«Este es un mecanismo que el Ministerio Público ha anunciado a solicitud de sus fiscales. Corresponderá a los jueces acoger o no estas solicitudes», dijo Cordero.
La muerte del policía, la tercera de un carabinero en menos de un mes, provocó la reacción de políticos y autoridades para tomar medidas urgentes contra la violencia. Entre ellas una polémica ley de seguridad -Ley Naín-Retamal- que entrega más facultades a carabineros en el uso de las armas de fuego. Medida, además, que el gobierno promulgó en tiempo récord junto con otras para combatir la inseguridad.