El expresidente peruano Pedro Castillo, acusado de rebelión y conspiración, seguirá detenido en una base policial luego de que un tribunal de apelaciones declarara infundado este martes su pedido de libertad mientras continúan las protestas que han dejado siete muertos y 200 heridos.
El juez César San Martín decidió declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado, que pedía su libertad antes de que se cumplan los siete días de su detención preliminar ocurrida el pasado miércoles.
El magistrado señala en el fallo que existe riesgo de fuga pues Castillo intentó llegar a la Embajada de México para asilarse luego de haber sido destituido por el Congreso.
El exmandatario izquierdista permanecerá detenido en el cuartel policial de la División Nacional de Operaciones Especiales al este de Lima hasta este miércoles, cuando se celebrará una audiencia a las 9:30 am para decidir su suerte.
La Fiscalía abrió formalmente una causa contra el presidente destituido y presentó en la noche del martes un pedido de prisión preventiva contra Castillo por 18 meses, indicó una fuente del Ministerio Público a la AFP.
En su audiencia judicial, Castillo realizó su primera declaración pública desde su destitución hace una semana: «Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá».
«Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia», dijo Castillo.
«Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión», acotó dirigiéndose al juez San Martín, el mismo magistrado que condenó en 2009 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Castillo fue detenido por la policía el miércoles pasado, tras su fallido autogolpe y posterior destitución por parte del Congreso, que tiene un índice de desaprobación de 86%, según los últimos sondeos.
La vicepresidenta Dina Boluarte asumió inmediatamente el mando, como prevé la Constitución.
Sin embargo, la destitución provocó una ola de protestas de seguidores de Castillo, especialmente activas en el sur del país, que exigen elecciones anticipadas y la liberación del expresidente.
Militares en la calle
En la noche, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció la aplicación del estado de emergencia en las regiones de Arequipa e Ica (sur) que permite la intervención del Ejército ante manifestaciones, vandalismo y bloqueos de carreteras.
De hecho, las fuerzas armadas ya patrullan junto a la policía las calles de varias ciudades bajo estado de emergencia.
En Lima, por la noche, decenas de manifestantes que querían llegar al Congreso se enfrentaron con piedras a la policía, que respondió con gases lacrimógenos.
También hay numerosas carreteras bloqueadas en 13 de las 24 regiones del país, señaló la policía.
Las regiones más agitadas se hallan al sur, donde está la turística Cusco, Arequipa, segunda ciudad del país, Puno, y Apurímac, cuna de Boluarte.
«Pareciera que Lima es todo el Perú. Nuestro pedido es el cierre del Congreso y la renuncia inmediata de la señora Dina Boluarte», dijo a la AFP Hugo Maquera, que participaba este martes en el bloqueo del puente Internacional de Ilave, en Puno (frontera con Bolivia).
«Es una situación de una convulsión social muy seria, nosotros tememos que esto vaya a desembocar en una asonada porque incluso hay personas que están llamando a la insurgencia, que están pidiendo levantarse en armas», dijo a la AFP la defensora del Pueblo, Eliana Revollar.
Varios gremios agrarios e indígenas iniciaron el martes un «paro indefinido» por elecciones generales, lo que provocó la suspensión del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano.
Boluarte busca negociar con el Congreso adelantar las elecciones generales de abril de 2026 a abril de 2024, aunque los seguidores de Castillo las piden inmediatamente.
Respaldo latinoamericano
Algunos gobiernos de izquierda de Latinoamérica defienden a Castillo pese al autogolpe.
«Sigue siendo Pedro Castillo el presidente» de Perú, afirmó el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina.
Argentina, Bolivia, Colombia y México respaldaron el lunes a Castillo y pidieron respetar la voluntad popular expresada con el libre sufragio.
La Cancillería peruana replicó que Castillo fue destituido con respeto a la Constitución porque perpetró un golpe de Estado, y pidió a los países ayudar a Perú a resguardar la institucionalidad democrática y el Estado de derecho.
Antes de su fallido autogolpe, la Fiscalía investigaba a Castillo por liderar una organización criminal que beneficiaba a allegados y familiares.
La fiscal de la nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso en octubre una denuncia constitucional contra Castillo por supuesta corrupción.
Fue una denuncia inédita contra un presidente en funciones, en un país que tiene el récord de cinco exmandatarios procesados por corrupción desde 2001.
Esta denuncia llevó a Castillo a pedir la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), invocando la Carta Democrática Interamericana.
Según Castillo, la Fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso, le atribuían delitos que no cometió y buscaban dar un golpe de Estado en su contra.