Una semana se ha cumplido del secuestro del militar retirado Ronald Ojeda y la falta de antecedentes sobre su paradero y motivación de su captura han abierto un flanco para el gobierno chileno.
El hecho de que la indagatoria esté en manos de la Fiscalía y que tenga carácter de reservada no libró al Ejecutivo de la arremetida de la oposición, desde donde emplazaron a La Moneda a entregar información en medio de la incertidumbre y la multiplicación de hipótesis.
Con ese objetivo, el presidente de la comisión de Defensa de la Cámara, Francisco Undurraga, solicitó, en coordinación con la comisión de Inteligencia y Contrainteligencia, la autorización para que sesionen de forma conjunta el próximo lunes 4 de marzo, con el propósito conocer todos los antecedentes que involucran la desaparición del militar. Para ello, se citará a la ministra de Interior, Carolina Tohá.
Además, a la jefa de gabinete se le extendería una citación a la sesión especial de la Cámara, que desde el Partido Republicano requirieron al presidente de la corporación, Ricardo Cifuentes, para abordar la trama.
Pero antes del Parlamento, la titular de Interior recibirá junto a su par de Defensa, Maya Fernández, este miércoles a las 17:30 en La Moneda, a los dirigentes de Chile Vamos y Demócratas.
«Necesitamos tener un poco más de claridad», señaló la timonel de Evópoli, Gloria Hutt. «No puede ser que en Chile desaparezca una persona y pasan los días, y nadie sabe absolutamente nada de su paradero. Eso es algo que al menos necesitamos tener resuelto para saber cómo va esa investigación, por cuál camino sigue y qué perspectivas de resolverse tiene».
Por otro lado, reveló que «hay una condición de refugiado, que si bien no puede difundirse públicamente, ya se ha hecho público, lo hace aún más grave, y si eventualmente ocurriera que hay agentes extranjeros operando, ya estaríamos en un mundo de mucha complicación, porque quiere decir que la seguridad nacional está en riesgo».
En tanto, la líder de Demócratas, Ximena Rincón, señaló que el caso «nos parece complejo y delicado en el escenario actual de inseguridad de nuestro país, donde el crimen organizado, el narcotráfico, tienen una presencia muy importante de agrupaciones venezolanas».
En esa línea, indicó que «creemos que es muy importante aclarar el famoso convenio que se firmó, que nos parece delicado por las implicaciones que puede tener. Nosotros creemos que es relevante poder ejercer acciones para coordinar las expulsiones de los delincuentes del crimen organizado del país, pero de ahí a entregar información de cualquier tipo a una dictadura, un régimen fallido que se dedica a perseguir a sus detractores, obviamente es una irresponsabilidad y es grave».
Rompiendo el silencio tras más de una semana, la ministra del Interior abordó el caso este martes en conversación con Tele13 Radio. «Se le ha exigido transparencia al gobierno. En estas cosas no puede haber transparencia, así de simple, porque la investigación la lleva a cabo la Fiscalía, y no es por una razón mañosa, es por el bien de la víctima, para tener resultados más rápidos y efectivos. No se puede informar, pero eso no quiere decir que no pase nada», sostuvo.
Si bien confirmó que sostendrán la reunión que solicitó la oposición a raíz del caso, advirtió que la sesión secreta que fue requerida por diputados de la UDI «es un sinsentido total; no vamos a poder decir nada, porque hemos tenido demasiadas sesiones, incluso secretas, donde se filtran los antecedentes».
Emergen nuevas hipótesis
Si hasta este lunes era el oficialismo el que reclamaba a la oposición la instalación de la teoría que apunta contra el régimen de Maduro, fue desde las propias huestes de la alianza de gobierno que este martes emergió una nueva hipótesis. Esto contra el anhelo del Ejecutivo, que es que no emerjan más especulaciones que puedan tensionar la relación bilateral entre Chile y Venezuela.
En conversación con Ex Ante, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló que «la teoría que ha levantado la derecha me parece una cosa, desde el punto de vista del rigor de la actividad política, descabellada y mal intencionada».
«La derecha quiere construir a partir de este hecho, que es muy duro para el tema de la seguridad del país, una parte de una campaña de un descrédito que afecte el proceso que está recién instalándose de recuperación de vínculos y de actividades conjuntas entre ambos países. Eso es evidente», agregó.
Y añadió: «Yo les invitaría a la derecha a preguntarse cuál sería el beneficio que esto tiene para Venezuela. También llamaría a preguntarse si no hay aquí de por medio un montaje de una provocación de operaciones que con intromisión de aparatos de más al norte de Venezuela, particularmente de la CIA, han ocurrido en muchos países del mundo».
«Yo tengo derecho también a plantear dentro de todas las hipótesis que hay una que la derecha responda frente a eso. Pero querer usar esto en un metro cuadrado básico, bastante elemental, es muy burdo y es muy evidente que están buscando construir una campaña», sostuvo.