Los tribunales de Estados Unidos, con repetidas “decisiones chocantes”, impiden la aplicación de las leyes de inmigración promovidas por el presidente Donald Trump.
Así lo afirmó este viernes la Casa Blanca en una declaración que muestra la frustración del Ejecutivo con la justicia.
Trump “trabaja incansablemente para restablecer la aplicación de las leyes de inmigración», dice el texto. Y agrega: «Pero los dictámenes judiciales restringen al gobierno en el cumplimiento pleno de las leyes federales”.
Desde que llegó a la Casa Blanca y cumpliendo con sus promesas de una política migratoria, Trump ha decretado medidas que han incluido la detención de cientos de miles de indocumentados.
Además, las mismas han repercutido en la separación de familias y deportaciones. También en restricciones en la consideración de las solicitudes de asilo por parte de personas que huyen de sus países.
Varias de esas medidas han sido cuestionadas por grupos defensores de los derechos de los inmigrantes ante los tribunales federales.
Estos han ordenado la suspensión de su aplicación.
“Un decreto judicial tras otro ha ordenado al gobierno que cumpla con las políticas discrecionales de los gobiernos anteriores”, señaló la Casa Blanca.
«Impiden que se apliquen políticas»
Como ejemplo, el Ejecutivo mencionó la decisión de un tribunal en California que “amenaza con impedir que el Servicio de Inmigración y Aduanas emplee órdenes de detención para arrestar y deportar a ciertos criminales extranjeros».
«Esas órdenes han sido el eje de la aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos y a ellas se debe la mayoría de todas las deportaciones de criminales», agregó.
Según el gobierno, estos dictámenes «han impedido que la administración aplique políticas que cumplen con el significado pleno y la intención clara de la ley tal como la aprobó el Congreso”.
Al gobierno de Trump se le ha impedido que aplique lo que la ley dice acerca de las deportaciones expeditas «para proteger nuestra seguridad nacional restringiendo el ingreso de ciertos extranjeros».
La declaración recordó que luego el Tribunal Supremo invalidó esta decisión.
Asimismo, los esfuerzos de Trump para «terminar gradualmente» la política decretada por su antecesor en el cargo, Barack Obama, que dejó en suspenso la deportación de extranjeros que fueron traídos ilegalmente al país cuando eran niños, «se vieron impedidos en todo el país por decisión de los tribunales».
El gobierno se refería al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.
Este beneficio ha protegido a cientos de miles de jóvenes indocumentados de la deportación desde 2012. Sin embargo, Trump está dispuesto a eliminarlo.
El caso ha llegado al Tribunal Supremo. Se espera que escuche los argumentos del gobierno y de los defensores de este programa el próximo 12 de noviembre.
Aunque no se cree que emita un fallo hasta el próximo año.
Según la Casa Blanca, las decisiones de los tribunales «permiten que cualquiera de los más de 600 jueces de distrito federal en el país de hecho dicten o veten la política nacional».
«Estas órdenes de suspensión con alcance nacional son una invención moderna que no tiene sustento en la Constitución», afirmó la declaración.