República Dominicana celebró este domingo su caravana anual del orgullo LGBTIQ+, un desfile que este año tuvo un tono combativo para mostrar su oposición a un proyecto de ley que podría desproteger a la comunidad gay.
El desfile congregó a centenares de personas que recorrieron las principales avenidas de Santo Domingo abordo de sus automóviles y de camiones descubiertos, ondeando banderas arcoíris y con la música a todo volumen.
Sin abandonar el ambiente festivo, los asistentes a la marcha alertaron del peligro que puede suponer para la comunidad LGBTIQ+ el nuevo Código Penal, ley que actualmente está siendo debatida por el Congreso Nacional (bicameral), si es aprobado tal y como salió de la Cámara de Diputados el pasado junio.
Ese proyecto legislativo por primera vez tipifica el delito de discriminación, pero por presiones de diputados conservadores, se eliminó del Código Penal dos motivos para aplicar esta sanción, la orientación sexual y la identidad de género.
La directora ejecutiva de Diversidad Dominicana, Rosana Marsán, dijo que si se aprueba el Código Penal sin criminalizar la discriminación por orientación sexual, «se va a legalizar lo que actualmente sucede en el país, que son las violencias y las discriminaciones que sufrimos cada día», algo que afecta especialmente, indicó, a los más pobres.
Estarlin Aguasvivas, rey del Orgullo 2021, recordó los datos de la Encuesta Nacional LGBTIQ+, presentada el pasado jueves, según la cual el 96,7 % de los miembros de esta comunidad en República Dominicana asegura haber sido víctima o presenciado alguna forma de violencia.
«Nos han vendido que no hay discriminación, pero según una reciente encuesta 97% de la comunidad ha sufrido violencia, ha sido alienada, estigmatizada o discriminada. Es necesario que esto vaya cambiando», afirmó.
Otro activista, Leonardo Sánchez, opinó que «el Código Penal no solo amenaza a la comunidad LGBTIQ+, sino que puede convertirse en una pieza peligrosa para el desarrollo del país, porque nos puede meter como país a la época medieval».
«Es un Código que se quiere imponer desde el conservadurismo y desde una moralina que no va acorde con los tiempos que estamos viviendo», aseveró.
Tal y como fue aprobado por la Cámara de Diputados, el Código Penal no castigaría a alguien por negarle un servicio o por negarse a contratar a una persona por su orientación sexual.
No obstante, el proyecto legislativo tendrá que volver a ser debatido desde cero, ya que el Senado, alegando falta de tiempo, rechazó votarlo antes de que concluyera la legislatura pasada, que acababa a mediados de agosto.
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