El asesinato del coronel (r) Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo de Bogotá, no solo representa el más duro golpe contra el sistema penitenciario y carcelario colombiano en las dos últimas décadas. Es también una muestra del poder que tienen peligrosos criminales, que, a pesar de estar tras las rejas mantienen intacta su capacidad de decidir incluso quién muere en las calles de varias capitales del país.
Tres días después de la muerte en completa desprotección del coronel Fernández, todos los indicios del crimen siguen apuntando hacia dentro de las cárceles. No solo hacia La Modelo, a donde había llegado como director apenas el pasado 4 de abril.
Lo que dicen fuentes cercanas a la investigación es que además de sacar del camino a un oficial que estaba decidido a atravesarse en sus negocios criminales, quienes dieron la orden a los sicarios pretendían enviar también una amenaza abierta: si pudieron matar al director de una de las cárceles más importantes del país, cualquier guardián, policía o ciudadano de a pie que les resulte incómodo puede ser la próxima víctima.
Fernández, estaba encargado de la custodia de 3.836 hombres privados de la libertad en una cárcel que reporta un hacinamiento del 32%.
Una cárcel a donde van a parar en su gran mayoría delincuentes comunes y cuya historia está marcada por la tragedia. Basta remitirse a la tarde-noche del 21 de marzo del 2020, cuando en plena pandemia se desató un motín, agravado por un incendio provocado por los presos, que dejó 24 muertos y más de 100 heridos.
El espejo de Ecuador y Venezuela
El desafío que representa para el Estado el asesinato del director de La Modelo no es inédito en la historia del país. Mucha agua ha corrido desde que el capo del cartel de Medellín Pablo Escobar logró tener su propia cárcel, La Catedral; desde donde siguió manejando su organización y donde cometió asesinatos hasta su fuga en 1992; o desde los enfrentamientos con fusil entre guerrilleros y ‘paras’ presos en La Modelo a comienzos de este siglo.
La actual amenaza tiene otro perfil que refleja la atomización del mundo criminal, en buena medida resultante del éxito de la acción de las autoridades contra las ‘grandes marcas’ del delito.
Son, como pasa en las regiones y en las calles, capos de organizaciones criminales que no son comparables con las guerrillas, los grupos paras o los grandes carteles de hasta hace una década; pero que a fuerza de violencia, corrupción y poder de intimidación han venido en ascenso.
Esas organizaciones tienen una característica adicional: la extorsión es una de sus principales fuentes de financiación, si bien manejan también microtráfico y robos. Y están decididas a mantenerla tanto dentro como afuera de la cárcel.
Una amenaza que, advierten analistas y fuentes consultadas por El Tiempo, hay que atajar. El espejo de hasta dónde pueden llegar si no se logra hoy asusta y mata en Colombia, varios países vecinos y hasta en Estados Unidos: la banda criminal del ‘Tren de Aragua’; que por más de una década y hasta septiembre del año pasado tuvo su cuartel general en la cárcel de Tocorón, sur del estado de Aragua, en Venezuela.
Desde Tocorón –donde según denuncias de medios venezolanos el jefe del ‘Tren’, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, o ‘Niño’ Guerrero, tenía hasta piscina– se manejó una expansión criminal que convirtió a esa banda en uno de los principales actores criminales en varias capitales de Colombia y en una creciente amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
En la Colombia de los últimos años han aparecido clones de ‘Niño Guerrero’: delincuentes que a pesar de estar presos no tienen problema para amenazar a través de redes sociales, sin importar consecuencias. Todos ellos, según las investigaciones de la Policía y la Fiscalía, son grandes capos de la extorsión en el país.
Uno de los casos más conocidos es el de Ober Ricardo Martínez, conocido con el alias del Negro Ober, jefe de la red ‘los Rastrojos Costeños’. Es la misma banda detrás de decenas de asesinatos de conductores de bus y tenderos que se negaron a pagar ‘vacunas’. En marzo del año pasado, usó el teléfono de un guardia de la cárcel de Girón para grabar un video en el que se le veía comiendo y fumando y, de paso, amenazar con retaliaciones por la captura de su esposa, Yulieth Vanesa Gutiérrez.
“Estoy decidido a hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o miramos cómo estamos, les deseo mucha protección y que usen chalecos antibalas. Si a ustedes no les importa coger a gente inocente como a mi esposa, no les va a importar nada que les maten a un policía. Les voy a matar a comerciante por comerciante en Bogotá, San Martín, Villavicencio, Barranquilla”, amenazó. ‘Ober’ fue trasladado a una cárcel de mayor seguridad, pero hoy en Barranquilla nadie duda de que sigue manejando el poder de su banda.
Lo mismo pasa con José Manuel Vera Sulbarán, ‘Satanás’, uno de los jefes del ‘Tren de Aragua’. Él estaba en la cárcel de máxima seguridad de Girón (Santander), pero en enero pasado envió desde allí un audio amenazando a los que se niegan a pagar sus extorsiones.
“Yo puedo estar preso, pero aquí todos los muchachos están en la calle y estamos activos. Si ustedes quieren derramamiento de sangre, nosotros los vamos a complacer”.
Estas amenazas le dieron su pase a la cárcel de máxima seguridad de La Tramacua, en Valledupar, desde donde en marzo amenazó a la directora y a la guardia del Inpec con el siguiente mensaje: “Solicito mi traslado en 24 horas. De no ser así, yo, Satanás, me voy a sentir en la obligación de empezar a matar a los señores de la guardia Inpec”.
‘La Inmaculada’, la misma banda que en los últimos años viene sembrando el terror en Tuluá y que incluso permeó la pasada alcaldía de ese municipio del Valle, está detrás de al menos cuatro asesinatos y de amenazas contra guardianes perpetrados por un grupo que se autodenomina ‘Mago’ (Muerte a Guardianes Opresores).
Su máximo jefe, Andrés Felipe Marín Silva, ‘Pipe Tuluá’, está preso en La Picota; pero todas las autoridades del departamento, empezando por la gobernadora Dilian Francisco Toro, lo señalan de ser el responsable de la violencia que sigue golpeando a Tuluá y que se refleja en el asesinato de concejales.
El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, dice que hay más de 550 casos de amenazas contra guardianes, 200 de ellas este 2024. El 26 de enero de este año, a su oficina llegó, camuflada en un paquete con un supuesto desayuno sorpresa, una granada de fragmentación.
Óscar Robayo, presidente Nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, asegura que hay graves falencias en la seguridad de los funcionarios y dirigentes del Inpec y denuncia que la Unidad Nacional de Protección, (UNP), se demora en desarrollar estudios de seguridad y “está negando y cancelando los esquemas a personas amenazadas”. Esa demora fue evidente en el caso del coronel Fernández, quien se movía en un carro no blindado y solo acompañado de un conductor cuando fue atacado por los sicarios.
El poder tras las rejas
¿Qué ha llevado a que poderosos varones del crimen incluso prefieran estar en prisión para manejar desde allí, sin los riesgos de la calle, sus rentas criminales? ¿Qué debe hacer el Estado para evitar que el problema se extienda y evitar que situaciones como las de Ecuador, donde desde 2021 han muerto en motines carcelarios 480 reclusos?
Hugo Acero, experto en temas de seguridad ciudadana, asegura que se requieren respuestas coyunturales contundentes contra las actuales amenazas, pero que el problema es de fondo. “La alta corrupción y bajo nivel de profesionalización que tienen el Inpec y la Uspec. Mientras estas instituciones no se reformen o las liquiden y conformen otras con mayor transparencia y profesionalismo, los problemas de corrupción, violencia y delincuencia en las cárceles y hacia el exterior van a persistir, inclusive se van a profundizar”.
Sin mayor protección fuera de su trabajo en las prisiones, los guardianes están expuestos cada día a las amenazas y sobornos. Varios dicen que su única manera de no involucrarse en la corrupción es simplemente mirar para otro lado. El hecho es que sin colaboración de algunos guardianes, no se explica cómo siguen ingresando a las cárceles celulares, armas y otros elementos prohibidos; ni cómo se han producido varios episodios en los que los inhibidores de señal de celular con los que se ha tratado de frenar la extorsión terminan apagados o dañados.
Acero anticipa que tras la muerte del director de la cárcel La Modelo, “seguramente sacarán algunos servidores públicos y trasladarán a algunos presos a otras cárceles”. Pero, advierte, “son acciones que solo trasladan el problema a otros establecimientos carcelarios y a otros territorios”.
Para Manuel Iturralde, profesor asociado de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y miembro del grupo de prisiones, la muerte del coronel Fernández, “es muy grave”; pues muestra que los grupos delincuenciales que están en las cárceles y manejan las extorsiones “son cada vez más poderosos. Son redes criminales que tienen poder dentro y fuera de la cárcel”.
El académico añadió que “es preocupante las circunstancias en que fue asesinado el director de la modelo; pues una persona de ese perfil amenazado de muerte y que tuviera, un carro sin blindaje, sin escolta, muestra el olvido estatal frente a este tipo de funcionarios”.
Y puntualizó, “es una vez más una crisis cíclica del sistema judicial y carcelario en Colombia. Recordemos que hacía el final del gobierno Pastrana las principales cárceles estaban tomadas o por los paramilitares o por las guerrillas”.
Y coincide con Acero en que lo más probable es que en esta oportunidad “se tomen medidas coyunturales de afán para una crisis que es estructural”.
Andrés Nieto, experto en temas de seguridad ciudadana, señala por su lado que es urgente una reestructuración del Inpec; pero advierte que “esa reestructuración no debe terminar recargando a la Policía”.
Señala que para frenar el accionar de las redes criminales desde las cárceles es trascendental que cuando haya condenas y capturas la asignación de prisiones sea pensada como un paso más para desarticular las redes de extorsión y delincuencia general: “Que no se les dé la oportunidad de reacomodarse. No dejarlos en una misma cárcel, porque eso lo que hace es fortalecer su actuar delictivo”.
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