El proceso de extradición a Perú del ex presidente Alejandro Toledo, detenido este martes en Estados Unidos, tardará alrededor de un año aunque lo importante es que ya está en manos de las leyes estadounidenses, afirmó el ministro de Justicia de Perú, Vicente Zeballos.
El ex mandatario fue detenido en California, donde reside, y durante la jornada iba a tener su primera comparecencia ante las autoridades como parte del trámite del pedido de extradición realizado por Perú, informó el Ministerio Público.
Toledo es requerido por la justicia peruana luego de las denuncias de presuntos sobornos solicitados a la empresa brasileña Odebrecht para adjudicarle la construcción de la carretera Interoceánica sur.
La Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía agregó que Toledo participará el próximo viernes en otra audiencia, que servirá para determinar si sale bajo fianza o deberá afrontar el proceso de extradición en prisión.
En declaraciones a la prensa, Zeballos explicó que el sistema judicial estadounidense es bastante complejo y reservado, y recordó que el procedimiento de extradición se impulsó, por parte de Perú, en mayo del año pasado.
«Este es un procedimiento que está siguiendo el proceso regular, primero ha llegado al Departamento de Estado, luego al de Justicia, y ahora está en el fuero ordinario de la justicia norteamericana», indicó el ministro peruano.
Zeballos agregó que hay un segundo procedimiento de extradición vinculado al caso Ecoteva, la empresa creada en Costa Rica por Toledo para recibir presuntamente el soborno de Odebrecht, y que además el Poder Judicial está a punto de refrendar un acuerdo de colaboración con el empresario Josef Maiman, el supuesto testaferro del ex mandatario.
Informó que además habrá otra audiencia del caso el próximo lunes, en la que la defensa de Toledo puede plantear un recurso de hábeas corpus, con lo cual calculó que el proceso de extradición podría durar un año.
Insistió en que el tema no se resuelve por presión política, al descartar que el Ejecutivo intente algún acercamiento con las autoridades judiciales de Estados Unidos para lograr la extradición lo más pronto posible.
En febrero pasado, la Fiscalía de Perú anunció que llegó a un acuerdo de colaboración eficaz con Maiman, quien reconoció haber ayudado a Toledo a recibir esos pagos y blanquear el dinero en paraísos fiscales.
Este lunes se conoció que el Ministerio Público ya entregó al Poder Judicial de Perú ese acuerdo de colaboración firmado con Maiman, quien el pasado 27 de junio señaló ante los fiscales peruanos que Odebrecht depositó en sus cuentas casi 35 millones de dólares en sobornos para el ex presidente.
Toledo siempre negó vínculos con la corrupción y afirmó en diversas ocasiones que todo es un ataque de sus enemigos y es víctima de una persecución política.
Luego de conocer su detención, uno de sus abogados, Heriberto Benítez, declaró al Canal N que este lunes conversó por última vez con el ex gobernante sobre aspectos legales del proceso de extradición y detalles de las declaraciones de Maiman.
Benítez reiteró que Toledo es víctima de una persecución política y dijo que Maiman ha cambiado sus declaraciones luego de haber negociado con la Fiscalía.
«Esa persecución contra Toledo está comprobada y será valorada en su momento por las autoridades judiciales de Estados Unidos», concluyó.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, informó en marzo pasado que el bufete de abogados que logró la extradición de Estados Unidos del ex mandatario panameño Ricardo Martinelli había sido contratado para tramitar un pedido similar contra Toledo.
Una resolución suprema publicada en febrero pasado apunta que el bufete es Foley Hoag LLP, con sede en Estados Unidos.