Los habitantes de Corocito, municipio de Tame, Arauca, conocen la violencia y el temor desde hace décadas. En febrero de 2003, paramilitares del bloque Vencedores de Arauca irrumpieron en las calles de la vereda y se llevaron a ocho personas, a las que asesinaron y desaparecieron. Luego se supo que las víctimas fueron desenterradas y lanzadas a un río para borrar el rastro de la masacre.
La zona en la que ahora hacen presencia el ELN y el Comando Conjunto de Oriente de las disidencias de las Farc volvió a ser golpeada por la violencia el jueves pasado, esta vez por el asesinato de la reconocida líder social y ambiental Tulia Carrillo Lizarazo, quien transitaba las calles promoviendo programas para adultos mayores de la región.
El crimen, que volvió a prender las alarmas sobre los ataques, que no han parado pese a la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, y los ceses del fuego promovidos por el gobierno nacional con el ELN y las disidencias, se da apenas unos días después de que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) ante la violencia que persiste contra los defensores de derechos humanos en el país.
El pronunciamiento de la Corte no es ajeno a la realidad que vive la nación. Según cifras de la Fiscalía, conocidas por El Tiempo, entre enero y noviembre de este año se reportaron 148 homicidios de defensores de derechos humanos (es decir, tres cada semana) y el año pasado fueron 212.
“El Estado colombiano, las autoridades de todos los órdenes territoriales y la ciudadanía tienen el deber de asegurar que la situación en curso se detenga. La indolencia, el silencio o la negligencia no son admisibles bajo una constitución como la que actualmente rige en Colombia. El derecho a defender derechos proscribe cualquier acción u omisión que tenga por objeto o por efecto aniquilar las voces u obstruirlas. Este es un compromiso indeclinable y definitivo”, señaló la Corte en un duro fallo que, luego de estudiar 20 tutelas de líderes, cuestionó la falta de “capacidad institucional y presupuestal para asegurar el respeto, garantía y protección de esos derechos”.
Sobre las causas que agravan la situación de los líderes en Colombia, la Corte mencionó la presencia de grupos u organizaciones al margen de la ley con intereses particulares que se ven afectados por el trabajo de estas personas; la incapacidad del Estado para cumplir su “deber de protección de su vida e integridad que, a su vez, tiene impacto directo en las posibilidades de cumplir el rol de defensores y defensoras de los derechos humanos, y la ausencia de capacidad para coordinar a las diferentes entidades públicas con el fin de enfrentar y prevenir la violencia contra esta población”.
Y, a renglón seguido, los magistrados fijaron una serie de órdenes y plazos a los ministerios del Interior, Defensa, Justicia y Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía para que se defina un plan integral para la protección de los derechos de la población líder y defensora de los derechos humanos.
El mayor número de víctimas de este año se registró en Cauca (28), Antioquia (16), Nariño (15), Valle del Cauca (14) y Córdoba (9), representando el 55,41 por ciento del total de las víctimas. Durante el mismo periodo del 2022, los departamentos con más casos fueron Nariño (34), Cauca (22), Antioquia (21), Putumayo (20) y Valle del Cauca (13), representando el 54,5 por ciento del total de las víctimas.
El informe de la Fiscalía evidencia que se mantienen las afectaciones en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca para los dos periodos.
Además, según el más reciente reporte de Naciones Unidas sobre el tema, entre enero y septiembre había 54 casos verificados, de los cuales 8 de las víctimas eran mujeres, entre ellas, dos afrocolombianas, una indígena y tres campesinas. De los 45 hombres asesinados, 13 eran indígenas, 7 eran afrocolombianos y 14, campesinos. Adicionalmente, se documentó una víctima con identidad de género no binaria.
La cifra es mucho mayor si se tienen en cuenta los reportes de Indepaz, que hablan de 180 líderes asesinados en lo corrido del año, si se cuenta el caso de la líder trans Roxana Delgado. En el reporte de la Defensoría del Pueblo, por su parte, las víctimas fueron 92 solo en el primer semestre del año.
En todo caso, el análisis final que las demás partes respetan como válido es el de Naciones Unidas, que hace un examen sobre si la persona asesinada efectivamente era líder social y si el crimen estuvo asociado con ese liderazgo. Precisamente, según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, el año pasado hubo 256 alegaciones de homicidios de personas defensoras. De estas, 116 casos fueron verificados y 140 casos no fueron concluyentes. En el 2021, de 202 crímenes se verificaron 100 casos. En 2020, durante la pandemia, se reportaron 133 casos y por las restricciones solo se pudieron verificar 53 de esos, mientras que otros 80 quedaron en verificación.
En los últimos 13 años, de acuerdo con las cifras de Naciones Unidas, el año con menos víctimas fue el 2011, durante el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos, con 20 víctimas, y en su segundo periodo, en 2017, con 121 muertes verificadas, se llegó a la cifra más alta de homicidios.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, al presentar su último informe sobre el tema, señaló: “Es una vergüenza para el Estado que al parecer se haya normalizado el hecho de que cada semestre se sigan registrando cerca de un centenar de homicidios de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, y no se observen medidas contundentes que garanticen la vida de quienes defienden los derechos de sus comunidades”.
Al ser consultada por este diario, la Unidad Nacional de Protección (UNP) señaló que se han reducido los crímenes de defensores y que se ha incrementado el número de solicitudes de protección que fueron atendidas. Así, en el 2022, atendieron 3.794 solicitudes de protección, de las cuales 1.593 eran de líderes sociales, y este año van 4.019 peticiones de protección, de las cuales 1.990 provenían de líderes y defensores.
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, reconoció que han bajado los homicidios, pero dijo que esto “no es un gran triunfo” y que se requiere una reforma de la UNP, una política de prevención y protección más organizada y que los ministerios de Defensa y del Interior se organicen para “trasladar la seguridad a los territorios, lo que debe ser rápido y efectivo, porque a nivel regional no hay dinero ni personas para prestar la seguridad”.
A su turno, Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, dijo que la decisión de la Corte debe llevar a que las instituciones “se articulen en pro de los líderes porque el trabajo desarticulado en los anteriores gobiernos venía generando un escalamiento de los asesinatos y desplazamientos”.
Añadió que se deben agilizar las investigaciones y “que sean oportunas para determinar a los actores intelectuales, más allá del actor material, que amenazan a los líderes, prestar una ruta de atención de las amenazas, fortalecer los mecanismos de autoprotección de las comunidades y de la UNP, y atender oportunamente las alertas tempranas de la Defensoría”.
Finalmente, el fiscal general, Francisco Barbosa, sostuvo que, en respuesta al ECI declarado por la Corte, la Fiscalía ya está trabajando en cumplir las órdenes que recibió sobre la investigación, y que espera que el gobierno cumpla las suyas frente a la protección.
“La Fiscalía no tiene funciones preventivas, ni de seguridad, ni de protección, su función es investigar y ejercer la acción penal frente a los hechos que revisten las características de delito, una vez estos ocurren”, concluyó Barbosa.