Más de 1.000 soldados cercaron este sábado una barriada de la capital de El Salvador en el marco de la guerra contra las pandillas que lleva adelante el presidente Nayib Bukele, el segundo operativo de este tipo este mes en el país centroamericano.
«Desde esta mañana, la comunidad Tutunichapa, en San Salvador, está totalmente cercada», informó Bukele en Twitter.
«Más de 1.000 soldados y 130 agentes de la Policía, extraerán a los criminales que aún quedan en esta comunidad, famosa por el narcotráfico», agregó, y señaló que esto se hace «sin remover un solo elemento del cerco de Soyapango», que se mantiene desde el 3 de diciembre.
En Tutunichapa, una populosa barriada de San Salvador, las autoridades reportaron las primeras seis detenciones de «delincuentes», sin precisar si se trata de pandilleros o personas dedicadas al narcotráfico, de acuerdo con información de la Casa Presidencial.
«Todos los terroristas, narcotraficantes y pandilleros serán removidos de esta comunidad, hasta hace unos meses bastión del crimen. Los ciudadanos honrados no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente», dijo Bukele en otro tuit.
Soyapango, tercera ciudad del país con 242.000 habitantes y ubicada en el área metropolitana de San Salvador, fue rodeada por 8.500 soldados y 1.500 policías hace 21 días.
El gobierno tomó la medida al amparo del régimen de excepción declarado por el Congreso a pedido de Bukele el 27 de marzo tras un aumento de la violencia de las pandillas.
El cerco a Soyapango ha implicado el registro de casas y personas a pie o en vehículos, además de búsquedas aleatorias en unidades de transporte colectivo.
Carros blindados del ejército, algunos artillados, efectúan constantes patrullajes, mientras carros de la policía con agentes fuertemente armados con fusiles de asalto ingresan en las colonias del municipio en busca de pandilleros.
Hasta el 15 de diciembre, en Soyapango se habían detenido unos 500 presuntos pandilleros, según el último balance del gobierno.
«El que nada debe, nada teme»
Imágenes difundidas este sábado por la Casa Presidencial mostraban a militares fuertemente armados ingresando a la comunidad Tutunichapa, donde pequeñas casas en su mayoría construidas de bloques grises de concreto se levantan junto a uno de los tantos arroyos contaminados que surcan San Salvador.
Muchas de las casas lucían adornadas con girnaldas o pequeñas figuras de hombres de nieve por la Navidad.
«Vamos a extraer a cada delincuente de nuestras comunidades», prometió en Twitter el ministro de Justicia y Seguridad de Bukele, Gustavo Villatoro, en un mensaje en el que incluyó fotos de perros de la unidad antinarcóticos de la policía desplegados para buscar drogas en Tutunichapa.
Desde que se declaró el régimen de excepción a fines de marzo en El Salvador, más de 60.000 personas fueron arrestadas por supuestos nexos con organizaciones criminales, lo que ha llevado a grupos humanitarios a cuestionar lo que ven como tácticas de mano dura.
Situación en El Salvador
Pero para muchos salvadoreños estos operativos no generan preocupación.
Edwin Díaz, de 51 años, ha vivido la mayor parte de su vida en la Tutunichapa, considerado un sitio peligroso no solo por las pandillas sino por la venta de drogas.
«Toda la vida hemos sufrido el estigma de que acá hay narcomenudeo, pandilleros, cosas malas pues, y hoy con esta seguridad que han montado no hay nada que temer», dijo Díaz el sábado a la AFP en una llamada telefónica.
«El que nada debe, nada teme», añadió.
El 75,9% de los salvadoreños aprueba el régimen de excepción, y nueve de cada 10 salvadoreños aseguran que la delincuencia «ha disminuido» con la política de Bukele, según una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) publicada en octubre.
El jueves, el Congreso dominado por el oficialismo prorrogó, por novena ocasión, el régimen de excepción por un mes, pese a las críticas de organismos humanitarios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la OEA, expresó en noviembre su «preocupación» por las prórrogas a este régimen, así como por la «persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias» sin cumplir «garantías judiciales», y llamó al Estado salvadoreño a cumplir sus obligaciones de derechos humanos.