La Comisión Europea pidió este martes a los gobiernos de la Unión Europea que aumenten la vigilancia, adapten sus sanciones y doten de más herramientas a empresas y cuerpos de seguridad para prevenir, detectar y castigar las falsificaciones, una práctica que genera miles de millones en pérdidas.
En concreto, las empresas facturan 83.000 millones de euros menos y el fisco deja de ingresar 15.000 millones en impuestos debido a las falsificaciones, según cálculos del Ejecutivo comunitario, que advierte de que las pequeñas y medianas empresas (pymes) tienen 34% más de posibilidades que las grandes de quebrar por este motivo.
6% de las importaciones de la UE en 2019 fueron productos falsificados que incluyen, no solo los bienes de lujo o creaciones con derechos de autor pirateadas que tradicionalmente se asocian a esta actividad, sino también medicamentos, cosméticos, pesticidas e incluso componentes para trenes y aviones, lo que más allá del impacto económico genera riesgos de salud y seguridad para el consumidor.
En este contexto, la Comisión Europea ha publicado una recomendación no vinculante con varias medidas para asegurar que se aplican en la práctica las reglas europeas de propiedad intelectual, que en los últimos años se han modernizado para tener en cuenta nuevas realidades como la digitalización o proteger productos artesanales, entre otros.
Bruselas pide a los Estados mejorar la coordinación y el intercambio de información, creando puntos únicos de contacto en materia de propiedad intelectual y dando más poder a los supervisores de mercado para detectar productos falsificados, así como adaptar sus procedimientos a nuevas prácticas, como las páginas web espejo que copian las de negocios legítimos.
Llama a los gobiernos a proporcionar mecanismos de resolución de disputas alternativos a los judiciales para los conflictos sobre propiedad intelectual, a garantizar compensaciones adecuadas por los daños sufridos y a crear unidades de policía y fiscales especializados en la materia.
Bruselas insta, en esta línea, a revisar las sanciones máximas que imponen por este tipo de delitos y, si lo ven necesario, elevarlas para los más graves.
«Esto tendrá un efecto disuasor más fuerte y ayudará a investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, Europol y otras autoridades policiales para detectar a los grandes actores implicados, que suelen estar conectados con organizaciones criminales», apuntan fuentes comunitarias.
Por otro lado, la Comisión pide crear procedimientos más ecológicos, rápidos y baratos para destruir los productos falsificados que se incautan, y que estos se reciclen cuando sea posible, y llama a algunas empresas como redes sociales, compañías de transporte y proveedores de nombres de dominio en Internet a tomar más medidas para evitar que sus plataformas se utilicen para distribuir productos falsificados.
Bruselas pone además el foco en dotar a las pymes de más medios para proteger sus activos intangibles, en particular con herramientas de ciberseguridad para evitar el robo de secretos comerciales y los «vales» que proporciona la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) para financiar la asesoría legal en la materia, que pueden cubrir hasta 90% del coste de la misma.
Por último, la Comisión Europea insta a mejorar la formación sobre propiedad intelectual tanto en las escuelas de negocios, como entre policía, autoridades aduaneras, fiscales y otras autoridades