La presidenta de Perú, Dina Boluarte, llegó durante la mañana de este miércoles a la sede del Ministerio Público para declarar ante la fiscal general peruana, Patricia Benavides, como parte de la investigación que se le sigue por las decenas de muertes que se produjeron en las protestas antigubernamentales de diciembre a marzo pasado.
La Fiscalía citó a la gobernante como parte de la investigación preliminar que abrió contra ella y otras altas autoridades del Ejecutivo por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de ellas en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.
Boluarte arribó a la sede principal de la Fiscalía, en el centro histórico de Lima, en medio de un gran despliegue de seguridad de la Policía Nacional (PNP) e ingresó hacia las 08:52 horas (13:52 GMT) en un vehículo oficial y sin que se le vea en ningún momento.
En el lugar, presentará ante Benavides una ampliación de las declaraciones que ya dio el pasado 6 de junio, tras lo cual su abogado, Joseph Campos, declaró a los medios que la presidenta esperaba ser excluida de las investigaciones.
La mandataria también acudió a la Fiscalía el 7 de marzo pasado, pero en ese momento no llegó a declarar porque estaba pendiente de la resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por el pedido de declaración del primer ministro, Alberto Otárola.
Precisamente, ante la ausencia de información de Presidencia sobre la diligencia fiscal, fue Otárola quien confirmó este martes que la jefa de Estado acudiría a la nueva citación del Ministerio Público.
Durante su participación en la convención minera Perumin 36, que se celebra en la ciudad de Arequipa, Otárola justificó la ausencia de la mandataria con el argumento de que estaba «preparándose para asistir a una diligencia judicial».
El primer ministro también fue citado para que se presente ante la Fiscalía este mismo miércoles desde las 14:30 horas (19:30 horas GMT).
Durante su intervención en Perumin, Otárola afirmó que «el gobierno controló más de 500 manifestaciones violentas, marchas que pretendieron soliviantar el estado constitucional y legal de derecho» y agregó que no les «temblará la mano para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y paz y seguridad de 33 millones de peruanos».
Agregó que la paralización en las compañías mineras, a raíz de las protestas, fue provocada por amenazas «de grupos muy reducidos y violentos que sembraron la destrucción y la inmovilidad» en varias regiones del sur, con el pretexto de reivindicaciones sociales no atendidas.
«Pero todos lo sabemos, (fue) con la finalidad de apoyar al golpista, el expresidente Pedro Castillo, y derrocar el nuevo régimen», expresó Otárola en referencia al gobernante que fue destituido el pasado 7 de diciembre tras intentar dar un golpe de Estado.