La jefa de Estado de Perú, Dina Boluarte, afirmó este martes que cumplirá su periodo de gobierno hasta el 2026 y pidió que se respete la elección de la fórmula presidencial que la llevó al Ejecutivo, inicialmente como vicepresidenta, en el 2021, después del arresto de su hermano Nicanor Boluarte por tráfico de influencias.
Durante un acto de entrega de títulos de propiedad en la provincia del Callao, Boluarte dijo a los vecinos que su gobierno está «firme, fuerte y digno».
La mandataria agregó que «nada» los va a «distraer» de seguir avanzando en el desarrollo del país, escasos días después de la detención de su hermano Nicanor Boluarte y de su abogado Mateo Castañeda por un caso de presunta organización criminal y tráfico de influencias.
«Vamos a seguir caminando hasta el 28 de julio de 2026 (fecha del fin de mandato) porque aquí el pueblo eligió una formula presidencial y, conforme a la Constitución, eso se tiene que respetar», afirmó Boluarte alzando la voz.
Boluarte se aferra al poder
La gobernante fue elegida vicepresidenta en la fórmula de Pedro Castillo en el 2021 y, tras la destitución de éste por el fallido intento de golpe de Estado, asumió la presidencia de la República en 2022.
«¡Basta de caminar en contra del pueblo peruano, orquestando situaciones que no conviene al desarrollo del país!», expresó la mandataria.
Dos diputadas de la bancada progresista Cambio Democrático-Juntos por el Perú aseguraron este martes que aspiran a presentar una nueva moción de vacancia (destitución) con el fin de que Boluarte aclare su presunta ausencia en la agenda oficial por una cirugía estética, a mediados del año pasado, y la supuesta obstaculización de la administración de justicia, a raíz de la reciente detención de su hermano.
Hasta el momento, no han conseguido el apoyo de más congresistas, por lo que no ha sido oficialmente presentada.
Precisamente, este martes, el ministro del Interior, Walter Ortiz, negó que Boluarte haya obstruido a la Justicia al desactivar la unidad policial que apoyaba al grupo anticorrupción de la Fiscalía, horas antes de que este solicitara el arresto de su hermano por tráfico de influencias.
«No es obstrucción a la Justicia (…) En ningún informe del Estado Mayor, de desarrollo institucional. No hay. No ha habido ninguna autorización de la Policía para crear ese equipo policial», indicó a la prensa Ortiz.
El pasado jueves, el ministro firmó una resolución suprema en la que se deja sin efecto una anterior de 2022, en la que se creaba un equipo policial que apoye al Equipo Especial contra la corrupción, dedicado a investigar casos de este delito en funcionarios públicos.
La madrugada del viernes, horas después de que el gobierno adoptara esa decisión, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) arrestó a Nicanor Boluarte y a Mateo Castañeda.
Ese mismo día, la Fiscalía de Perú comenzó diligencias preliminares a Boluarte y a Ortiz por el supuesto encubrimiento de Nicanor, al desactivar el grupo policial que apoya a los fiscales anticorrupción.
Las diligencias contra Boluarte se iniciaron como presunta instigadora de los delitos contra la administración pública, en la modalidad de encubrimiento personal y de abuso de autoridad, por los que también se investiga a Ortiz.