La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro pidió este jueves levantar el secreto de sumario impuesto por la Justicia en el caso de su posible inhabilitación política sugerida por la Fiscalía Electoral en el marco de una investigación.
El caso se refiere a la acusación por lanzar duros ataques contra el sistema de votación en 2022, aún siendo presidente. La Fiscalía Electoral se manifestó el miércoles a favor de la pérdida de sus derechos políticos por ocho años.
Los abogados de Bolsonaro, según el portal de noticias ‘Metrópoles’, argumentaron ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) que el sigilo sea levantado debido a los pedidos de los medios de comunicación para conocer detalles de proceso y del parecer de la Fiscalía Electoral.
«En las últimas horas hemos recibido numerosas solicitudes de los profesionales de la prensa para tener acceso a las alegaciones finales presentadas, con fines de tener un contrapunto periodístico», señaló en la petición el abogado Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Inhabilitación
De acuerdo con el equipo del abogado, que fue magistrado del TSE, «en ese escenario de excepción» se hace necesario «el derecho social a la libre y legítima información» con la «amplia divulgación» para el «conocimiento y escrutinio público».
El Ministerio Público Electoral ve indicios de que el líder ultraderechista cometió «abuso de poder político» al sembrar sospechas infundadas sobre la legitimidad de las urnas electrónicas que Brasil usa en sus procesos electorales desde 1996, según el diario O Globo.
La manifestación de la Fiscalía, de la que no han trascendido mayores detalles, está firmada por el viceprocurador general electoral, Paulo Gonet, y fue recibida por la corte la noche del miércoles, de acuerdo con el periódico.
La acción, una de las varias que cursan en el TSE contra Bolsonaro, parte de una denuncia del Partido Democrático Laborista (PDT) presentada por la reunión que mantuvo Bolsonaro con un grupo de 40 embajadores el pasado 18 de julio en la residencia presidencial.
En su discurso, insistió en que las elecciones de 2018, que él gano en segunda vuelta, «no fueron totalmente transparentes». También citó supuestas irregularidades ocurridas en 2014, cuando la entonces presidenta Dilma Rousseff fue reelegida.
Según ‘O Globo’, la opinión de la Fiscalía es la última fase de la investigación judicial y existe la expectativa de que el caso sea juzgado «entre finales de abril y principios de mayo».
Además de las causas que enfrenta en el TSE, el capitán retirado del Ejército, que retornó a finales de marzo de Estados Unidos, está investigado en una decena de procesos que tramitan en la Justicia ordinaria y en otros cinco que están en la Corte Suprema.
Uno de ellos investiga el asalto de miles de bolsonaristas radicales a las sedes de los tres poderes el pasado 8 de enero, con la intención de forzar un golpe de Estado contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.