El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, juramentó al cardiólogo Marcelo Queiroga como nuevo ministro de Salud, el cuarto desde el inicio de la pandemia del coronavirus, en una ceremonia reservada.
Queiroga asumió la cartera en un acto privado en el Palacio presidencial de Planalto, en Brasilia, informó el Ministerio de Salud en un comunicado.
La ceremonia, que no constaba en la agenda oficial de Bolsonaro y que tampoco contó con la presencia de los medios de comunicación, tuvo lugar ocho días después de nombrarse para el puesto ministro de Salud, en momentos en que el país atraviesa la peor fase de la pandemia.
Queiroga sustituirá al general del Ejército Eduardo Pazuello. Su errática gestión del covid-19 está siendo investigada por la Justicia por su presunta omisión en la crisis de oxígeno ocurrida en enero pasado en el estado de Amazonas.
Pazuello, sin experiencia en el área sanitaria, pero al parecer con amplios conocimientos de logística, estaba al frente del Ministerio de Salud desde mayo de 2020.
Durante su gestión adoptó el discurso de Bolsonaro al evitar defender el confinamiento da la población y promover el uso de la cloroquina y de otros medicamentos cuya eficacia contra el nuevo coronavirus no ha sido comprobada científicamente.
Ministros anteriores
Antes de Pazuello, dos ministros de Salud, ambos médicos, abandonaron el gobierno por serias divergencias con el líder ultraderechista. Bolsonaro niega la gravedad del virus, pone en duda la eficacia de las mascarillas y apuesta por volver a la normalidad porque el pueblo quiere trabajar.
El primero de ellos fue el ortopedista Luiz Henrique Mandetta, a quien destituyeron por su acérrima defensa de las cuarentenas, que Bolsonaro censura. El segundo, el oncólogo Nelson Teich, estuvo apenas un mes en el cargo al renunciar tras negarse a recomendar la cloroquina para todos los pacientes con covid-19.
Por su parte, Queiroga, actual presidente de la Sociedad Brasileña de Cardiología, no ha indicado hasta el momento un giro radical en la gestión de la pandemia. Así lo han demandado asociaciones médicas y más recientemente la clase económica del país.