Bolivia y España acordaron este domingo «normalizar» relaciones tres meses después de la expulsión recíproca de sus diplomáticos. Esto ocurrió por un incidente en la embajada de México en La Paz en la que se vieron involucrados agentes de seguridad españoles.
En una reunión de las cancilleres de Bolivia, Karen Longaric, y de España, Arancha González, acordaron «iniciar proceso para normalizar e impulsar las relaciones» de ambas naciones. La diplomacia de ambos países hizo publico sus intenciones en Twitter.
Me he reunido con la Canciller de #Bolivia @KarenLongaric 🇧🇴 acordamos iniciar proceso para normalizar nuestras relaciones @MAECgob @EmbajadaEspLPaz pic.twitter.com/blykcKMQZ4
— Arancha González (@AranchaGlezLaya) March 1, 2020
En otro tuit, Longaric calificó la reunión con González como «cordial y muy productiva». Se celebró en Montevideo en el marco de la asunción del nuevo presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.
Bolivia había expulsado a fines del año pasado a dos altos diplomáticos españoles que habían pretendido visitar la embajada de México en La Paz. En esta embajada se encontraban refugiados exministros de Evo Morales, que dimitió en noviembre por una convulsión social y se refugió en Argentina.
Expulsaron a la encargada de Negocios de España, Cristina Borreguero; al cónsul español, Álvaro Fernández, y a un grupo de «presuntamente diplomáticos encapuchados y armados». Estos últimos, según el gobierno boliviano, habrían intentado ayudar a escapar a las exautoridades bolivianas refugiadas. Todo derivó en un escándalo político.
Seis miembros de la seguridad española que fueron filmados a fines de diciembre, al menos uno embozado, en las inmediaciones de la residencia mexicana en La Paz, visitada por Borreguero y Fernández, fueron también expulsados de Bolivia.
La Unión Europea calificó de «inamistosa» la decisión boliviana, mientras que España expulsó de su territorio en reciprocidad a tres funcionarios bolivianos.
En la residencia de la embajada de México permanecen todavía refugiados los exministros Juan Ramón Quintana y Vilma Alanoca, acusados de sedición y terrorismo por el gobierno, junto a otros altos exfuncionarios del gobierno de Morales, quienes esperan salvoconductos para salir del país.
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