La decisión del gobierno interino de Bolivia, reconocido por Donald Trump, implica un inesperado corte de caja en la relación entre La Paz y Washington, fuertemente dañada durante el gobierno del ex mandatario indígena Evo Morales.
“Las relaciones se rompieron por una cuestión ideológica, no tenemos nada pendiente que resolver con Estados Unidos”, señaló el constitucionalista José Luis Santiesteban.
“No tener relaciones con Estados Unidos, con seguridad, nos ha cerrado algunas puertas en diferentes escenarios”, dijo el analista político Carlos Börth. Destacó la pérdida de mercados para las exportaciones de textiles bolivianos.
Desde que asumió el poder hace dos semanas, la mandataria interina Jeanine Áñez buscó rápidamente diferenciarse de la política exterior de su antecesor.
Se distanció de Cuba y Venezuela, aliados políticos de Morales, al expulsar a 725 médicos cubanos y reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela tras romper relaciones con Nicolás Maduro.
Pero la naturaleza provisional del gobierno de Áñez, que debe entregar las riendas del país a un nuevo presidente surgido de elecciones que deben celebrarse en los próximos meses, levanta dudas sobre cuánto durará el acercamiento con Estados Unidos.
Aunque Morales no se puede presentar nuevamente, su partido Movimiento al Socialismo, mayoritario en el Congreso, está plenamente habilitado para los nuevos comicios.
Para Börth, el problema radica en que el nuevo embajador, Walter Oscar Serrate, puede asumir funciones y de aquí a seis meses ser cambiado por el gobierno que resulte elegido.
El comercio con Estados Unidos
Las frías relaciones con Washington no parecieron afectar el comercio bilateral. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior, de carácter privado, señaló que las exportaciones a Estados Unidos equivalieron en 2018 a 504 millones de dólares.
Paradójicamente una cifra superior a los 332,4 millones de dólares de 2004, cuando estaban en plena vigencia los beneficios arancelarios que otorga Estados Unidos a sus socios andinos.
La crisis diplomática estalló en 2008 cuando Morales expulsó al entonces embajador estadounidense, Philip Goldberg, acusándole de apoyar a un movimiento de derechas que supuestamente pretendía escindir Bolivia. En reciprocidad, Washington expulsó al representante de La Paz.
Luego el ex gobernante boliviano echó también del país a la agencia antidrogas DEA y al organismo de cooperación Usaid.
Durante la crisis diplomática, Estados Unidos puso a Bolivia en una lista de países que no cumplían sus compromisos de lucha contra el narcotráfico. Además, en 2014 la retiró del programa de beneficios comerciales y arancelarios Atpdea.
Al mismo tiempo, Morales impulsó los lazos políticos con los gobiernos de izquierda de la región, abrazando el socialismo del siglo XXI, una entelequia ideológica, según el ex presidente Carlos Mesa, un aliado de Áñez.
Al tiempo que estrechó relaciones con la Venezuela de Hugo Chávez, el Brasil de Lula o la Argentina de los Kirchner, a través de mecanismos de integración como la ALBA, Morales hizo énfasis en acuerdos comerciales con China y Rusia.
Inversiones chinas y rusas
Con China, a la que encargó una amplia línea de sectores, como la minería y la construcción, Bolivia mantiene un déficit comercial que el año pasado alcanzó los 1.617 millones de dólares. Pekín le otorgó, además, un crédito por 10.000 millones de dólares.
“Las exportaciones al país asiático han experimentado un estancamiento desde 2015, mientras que las importaciones han ido aumentando, logrando los 2.000 millones de dólares desde 2017”, reportó en septiembre el IBCE.
Bolivia, que cuenta con grandes recursos minerales todavía no explotados, firmó un reciente acuerdo con la empresa china Xinjiang Tbea Group-Baocheng para la construcción de ocho plantas de litio en los salares bolivianos de Coipasa y de Pastos Grandes. La inversión es de 2.390 millones de dólares.
En febrero pasado logró certificar sus reservas de litio de 21 millones de toneladas.
El país, con las segundas reservas de gas más importantes de América Latina, desarrolla además varios proyectos con la rusa Gazprom. Esta se adjudicó la explotación de al menos dos megacampos para avanzar en el cambio de la matriz energética de todo su parque de buses públicos, de diésel a GNL y GNV.
Con Moscú también trabaja en un proyecto para un complejo de energía atómica con fines medicinales y agroindustriales, que ha acarreado una fuerte oposición en Bolivia.