La Unión Europea, Estados Unidos y tres naciones latinoamericanas alzaron la voz contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, reelegido tras un cuestionado escrutinio, y le exigieron ir a balotaje con el opositor Carlos Mesa.
«Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos, junto con la comunidad democrática internacional, solo reconocerán resultados que reflejen realmente la voluntad del pueblo boliviano», advirtieron los cuatro países en un comunicado el jueves.
En tanto, Mesa, quien confiaba en que habría balotaje con base en los primeros cómputos rápidos de los comicios del domingo, acusó al Movimiento al Socialismo, oficialista, de haber consumado un fraude.
«La decisión es clara, el MAS no quiere segunda vuelta y no quiere aceptar ninguna modificación de esta alteración vergonzosa y grosera del resultado de nuestro voto del pasado domingo», expresó el ex mandatario el jueves en la noche.
Pero la pregunta que algunos se hacen es qué tanto pesará la presión que ejercen esos países y los llamados de atención de organismos como la OEA sobre las posibles fallas que se pudieron presentar en las elecciones.
OEA pide segunda vuelta
El organismo hemisférico solicitó a la autoridad electoral boliviana celebrar una segunda vuelta electoral, sin importar la diferencia entre los dos candidatos presidenciales más votados.
Lo que sucede es que la Constitución boliviana dice que en la primera vuelta gana quien saque el 50% de los votos válidos más uno o que el candidato ganador obtenga más del 40% de votos válidos y supere con al menos 10 puntos de diferencia a su rival.
Y con esta segunda condición se encontraría el presidente de Bolivia, quien de esa manera ajustaría su cuarta reelección.
Respaldo de Cuba y Venezuela
Venezuela, Cuba y México felicitaron a Morales por haber ganado un cuarto mandato. Este, desde el mismo día de la elección, cuando no se conocían detalles del primer reporte del conteo, salió a proclamar su victoria, y lo ha seguido haciendo en los últimos días.
Morales expresó malestar por el trabajo de los observadores de la OEA, insinuando que promovían un golpe de Estado. «No quiero creer que la misión de la OEA está con el golpe de Estado», dijo.
El cuestionado escrutinio de las elecciones bolivianas fue tratado el miércoles y el jueves por el Consejo Permanente de la OEA en Washington, donde La Paz defendió a capa y espada la limpieza de la votación y criticó a la misión observadora.
«El informe emitido no recoge la información con la ecuanimidad que corresponde a una misión de esta naturaleza», declaró el canciller Diego Pary.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, respaldó a los observadores y pidió a Bolivia esperar una auditoría de todo el proceso electoral, acordada entre La Paz y el organismo, para después proclamar ganadores.
Pero ninguna precisión sobre la fecha ni las condiciones de ese examen técnico se han comunicado hasta el momento.
No han abierto ninguna esperanza
Lo cierto es que los llamados de la comunidad internacional al presidente boliviano no han abierto ninguna esperanza de que él o la autoridad electoral estén dispuestos a programar una segunda vuelta.
Analistas internacionales consideran que el mandatario sabe que en una elección mano a mano con Carlos Mesa podría verse en riesgo de perder, por el que no se anima a aceptar un balotaje.
El Tribunal Supremo Electoral, blanco de las críticas, escrutó hasta el viernes el 99,99% de los votos, y dio la victoria a Morales con el 47,07%, frente al opositor Carlos Mesa con el 36,51% (10,56 puntos de diferencia).
La polémica se centró desde el domingo, tres horas después del cierre de las urnas, en la interrupción inesperada del conteo rápido de votos denominado TREP.
Inexplicable tendencia
Los primeros resultados parciales dejaban entrever una segunda vuelta, pero al ser reactivado el conteo un día después mostró un drástico e inexplicable cambio de tendencia a favor de Morales.
«La mejor opción sería realizar una segunda vuelta para restablecer la confianza y asegurar el respeto pleno de la elección democrática del pueblo boliviano», dijo en un comunicadola portavoz de la diplomacia europea, Maja Kocijancic.
Tras la difusión de los primeros resultados que descartaban un balotaje, la oposición y organizaciones civiles comenzaron el miércoles un paro parcial de actividades, con el objetivo de mantener la presión por una segunda vuelta.
Protesta social
Durante la semana fueron quemadas cinco oficinas electorales en ciudades del país, mientras activistas opositores mantienen un asedio en torno a las oficinas del TSE y han chocado con partidarios de Morales en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba con resultado de dos heridos.
En Potosí hay una huelga, mientras que en Tarija y Sucre se reportaron marchas. Morales también sacó a las calles a sus militantes, con masivas concentraciones, en La Paz y Cochabamba, y las pretende replicar en otras ciudades.
Como corolario de la tensión, un frente opositor se articuló en torno a Mesa, para exigir el balotaje y con la bandera de seguir con las protestas de manera indefinida.
Estados Unidos advierte
El encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado norteamericano, Michael Kozak, pidió a Morales que cuente con exactitud cada uno de los votos de las elecciones porque hay preguntas reales sobre su legitimidad.
Dijo que respaldan la decisión del gobierno de Bolivia que solicitó a la OEA que enviara observadores electorales expertos en la materia.
«Tuve la oportunidad de verme con dos ministros de Bolivia y les dije: si pidieron a expertos que validen las elecciones, entonces necesitan aceptar sus recomendaciones y no tomar las que les gustan e ignorar las otras. Es un momento crítico para Bolivia», manifestó.
Fuerza excesiva
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó el viernes que recibió denuncias de uso excesivo de la fuerza por los cuerpos de seguridad contra los manifestantes en la última semana.
Los informes sobre excesos policiales incluyen el uso de gases lacrimógenos, lo cual violaría principios básicos sobre el uso de la fuerza por cuerpos de seguridad, señaló en rueda de prensa la portavoz de la oficina de derechos humanos Ravina Shamdasani.
La portavoz de la institución que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet también recordó a las autoridades bolivianas que el uso de la fuerza frente a manifestantes debería aplicarse solo en circunstancias excepcionales, de acuerdo con las normas y los estándares internacionales.
Añadió que las denuncias deben ser investigadas de manera rápida, profunda, independiente e imparcial. También comunicó a los manifestantes que sus quejas deben ser expresadas pacíficamente, sin recurrir a la violencia.