El gobierno de Bolivia anunció que está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ante lo que considera como persistentes acciones de injerencia en el país.
En una entrevista a Red Uno, el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que se está valorando la posibilidad a raíz de las declaraciones hechas por Almagro sobre el supuesto fraude electoral de 2019.
Tal y como aseguró, el secretario general de la OEA es un actor político que, subrayó, debería ser enjuiciado. De esta modo, continuó, espera que rinda cuentas por la gravedad de sus afirmaciones.
También considera que debe asumir la «irresponsabilidad» que supuso el informe realizado por la organización tras unos comicios que derivaron en la salida del ahora expresidente Evo Morales.
Las acusaciones de Evo Morales
Morales, por su parte, acusó a Almagro de cometer crímenes de lesa humanidad y tildó sus declaraciones de ser un atentado a la democracia. En su cuenta de Twitter, el exmandatario insistió, además, en que Luis Almagro carece de autoridad moral para hablar sobre lo que sucede en Bolivia.
«Niegan la autoproclamación de Áñez, las masacres, las 1.500 detenciones ilegales, persecuciones y corrupción en pandemia, que es delito de lesa humanidad», dijo. Seguidamente, subrayó que no se puede ignorar «la lucha del pueblo humilde».
Además, respaldó las palabras de Sacha Llorenti, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que manifestó que los países de la región saben que Almagro es el corresponsable del golpe de Estado y cómplice de las «masacres» perpetradas.
La OEA planteó recientemente crear una comisión internacional que investigue los casos de corrupción en Bolivia desde el gobierno de Morales hasta la actualidad. Ellos incluyen el periodo de Jeanine Áñez.
Por otra parte, la organización cuestionó el sistema judicial boliviano y afirmó que no existen garantías de un juicio justo, de imparcialidad ni debido proceso contra los ahora antiguos altos cargos del gobierno.