El gobierno de Luis Arce rechazó este miércoles el informe de Estados Unidos sobre derechos humanos y lo consideró una «intromisión» por las observaciones que hace sobre el proceso judicial que se sigue a la expresidenta interina Jeanine Áñez a instancias del oficialismo de Bolivia.
La Cancillería boliviana emitió un comunicado en el que «rechaza categóricamente la intromisión de terceros países».
Así como el informe «unilateral» sobre derechos humanos del Departamento de Estado norteamericano.
El citado informe «realiza inferencias sin fundamento y emite juicios de valor inapropiados sobre el proceso judicial que enfrenta Jeanine Añez en la justicia de nuestro país, por su participación en los hechos ocurridos en ocasión de la crisis política de fines de 2019», señaló el Ministerio de Exteriores de Bolivia.
Bolivia sobre procesos judiciales
También aseguró que los procesos judiciales por la crisis de 2019 en el país los llevan adelante las autoridades judiciales, todo esto «en el marco del principio de independencia de órganos del Estado».
Además consideró que «es mínimamente cuestionable» que los informes de Estados Unidos «pretenden estar por encima de otros Estados y organismos internacionales como Naciones Unidas».
Especialmente cuando ese país no es signatario de tratados de derechos fundamentales.
Según la Cancillería, Bolivia responde sobre sus compromisos y responsabilidades con los derechos humanos ante instancias multilaterales.
Entre estas destacan la ONU o el sistema interamericano de derechos humanos.
Informe de denuncia
El Departamento de Estado denuncia en su informe 2021 que la impunidad es el gran escollo para los derechos humanos en América Latina.
Esto debido a que la mayoría de crímenes quedan sin investigar e incluso algunos se resuelven de manera ineficiente en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, México, Bolivia y Perú.
En el caso de Bolivia, Estados Unidos aseguró que «la aplicación ineficaz de la ley y un poder judicial corrupto llevaron a la impunidad» muchos casos de abuso.
El documento puso especial atención en el arresto de la expresidenta interina, puesto que «expertos legales han detectado numerosas irregularidades» en su detención.
Prisión preventiva
Áñez está en prisión preventiva en La Paz desde hace más de un año acusada de sedición, terrorismo y conspiración por la crisis poselectoral de 2019.
La misma que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que para el oficialismo se convirtió en un «golpe de Estado».
El juicio en curso es por otro proceso, el llamado «golpe de Estado II», referido a sus acciones cuando figuraba como segunda vicepresidenta del Senado.
Donde asumiría en 2019 el cargo de presidenta de forma supuestamente irregular, según el oficialismo.
Situación presentada tras las renuncias de Morales y de toda la línea de sucesión presidencial.