Jeanine Áñez, presidente interina de Bolivia, anuló este jueves el decreto que autorizaba a los militares a participar en la preservación del orden público y los eximía de responsabilidades penales.
Dicho decreto fue puesto en vigor con relación a las protestas que acarrearon 33 muertos.
«Hemos decidido abrogar el decreto supremo 4078. Esta determinación se tomó considerando que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país se logró la ansiada pacificación de Bolivia», dijo Áñez en un acto transmitido por los medios.
La norma estuvo en vigor desde el 13 de noviembre hasta este jueves.
El decreto
La norma establecía que los militares destinados al control público estaban «exentos de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actuaran en legítima defensa o en estado de necesidad».
En el momento de decretarse dicha medida, la Corte Interamericana de Derechos Humanos la tildó de grave en razón de que, según el cuerpo diplomático, esa normativa desconocía los estándares internacionales de derechos humanos. Además, a su juicio, podría estimular la represión violenta.
Tras la anulación del decreto, Áñez agradeció a las Fuerzas Armadas «por su decidida y oportuna participación, que evitó mayores actitudes de vandalismo y confrontación».
El gobierno provisional empleó ese mecanismo para aplacar las protestas sociales tras la renuncia y posterior exilio a México del ex presidente Evo Morales.
Renuncia que se produjo después de que militares y policías le sugirieran dimitir el pasado 10 de noviembre. Todo ello, en medio de denuncias de fraude en las elecciones de octubre, en las que había revalidado un cuarto mandato.
Los comicios fueron anulados luego de que una auditoría de la OEA halló irregularidades en el proceso.