La Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteó un conjunto de recomendaciones a las autoridades bolivianas para superar la crisis política y social planteada tras las últimas elecciones, entre ellas, una investigación internacional imparcial.
La secretaría ejecutiva de la CIDH realizó del 22 al 25 de noviembre una visita de observación para analizar las consecuencias del fallido proceso electoral. Unos comicios en los que la OEA detectó irregularidades que derivaron en la dimisión del presidente Evo Morales, asilado hasta ahora en México.
La visita permitió a la organización recabar denuncias sobre un presunto uso excesivo de la fuerza de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Además, detenciones arbitrarias, discriminación étnica y racial o límites en libertades y derechos básicos. Así, ha observado con extrema preocupación las graves violaciones de derechos humanos registradas.
La CIDH espera que la visita sea el preludio de una misión más amplia a la mayor brevedad.
36 personas perdieron la vida entre finales de octubre y el 26 de noviembre, de acuerdo con el informe de la CIDH. En el documento destacan de forma especial las masacres cometidas en Sacaba y Senkata, en las que fallecieron por los menos 18 personas.
La cifra de heridos no está confirmada. Sin embargo, la comisión calcula que supera las 800 personas y será mucho más alta una vez se analicen los casos de las últimas semanas.
La CIDH planteó 16 recomendaciones a las autoridades bolivianas. Entre las que se encuentran garantizar el derecho de manifestación pacífica, desmantelar los grupos armados, reforzar la Defensoría del Pueblo y sistematizar la información sobre las víctimas, para las que ha reclamado también un plan de atención inmediata y reparación integral.
Asimismo, planteó el inicio de un proceso nacional de diálogo y reconciliación, teniendo en cuenta que la transición hacia la paz debe darse por las vías constitucionalmente previstas. La Comisión tomó nota de la convocatoria de próximas elecciones, un factor de distensión positivo al que solo resta ponerle fecha.
También recomendó el inicio de una investigación internacional imparcial a la cual el Ejecutivo interino de Áñez ya ha abierto la puerta, según una nota diplomática recogida en el informe.
El gobierno, reza la nota, está plenamente de acuerdo con estas pesquisas, de tal forma que sea esa investigación en la que se analicen los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre octubre y diciembre de 2019.
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