Los bloqueos de rutas iniciados hace 25 días en Panamá contra un polémico contrato minero dejan pérdidas por 1.700 millones de dólares, dijo este martes el principal gremio empresarial del país.
Las protestas, que causaron al menos cuatro muertos -dos baleados por un panameño estadounidense en un bloqueo-, estallaron el 20 de octubre cuando el Congreso aprobó un contrato firmado por el gobierno que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals operar por 40 años la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
«Hemos hecho un estimado de pérdidas de 1.700 millones [de dólares] en lo que va de este proceso de cierre de vías», dijo el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo Gill.
Toneladas de productos agrícolas dañados, filas de camiones y autos atascados en bloqueos, éxodo de turistas, escuelas cerradas y marchas sin tregua vive el país por cuarta semana, en las mayores protestas desde las de hace más de tres décadas contra la dictadura de Manuel Noriega.
«Empresas empiezan a cerrar sus puertas»
«Estamos dando una imagen internacional de un país anárquico, un país que va rumbo al despeñadero», afirmó Castillo en rueda de prensa.
«Una proporción importante» de micro, pequeñas y medianas empresas «empiezan a cerrar sus puertas. Estamos comprometiendo el futuro de la nación», agregó el líder del Conep.
La policía anunció el jueves que utilizaría toda la «fuerza necesaria» para despejar las rutas, pero la situación no varió desde entonces. El presidente Laurentino Cortizo ha sido criticado por su inacción.
La Asociación Bancaria de Panamá afirmó en un comunicado que «los disturbios también han afectado el atractivo de Panamá como destino de calidad para la inversión extranjera».
Para acallar la protesta, el Congreso aprobó el 3 de noviembre una moratoria de la minería metálica, pero dejó en manos de la justicia el futuro del contrato, lo que satisfizo a los ambientalistas pero no al sindicato de la construcción ni a los maestros, que mantienen los bloqueos.
El gobierno y la minera argumentan que la mina genera 50.000 empleos, aporta 5% del PIB y el contrato incluye aportes mínimos anuales al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el acuerdo inicial de 1997 suscrito en condiciones desfavorables para el país.
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