El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viaja este miércoles a México para intentar encauzar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y otras autoridades la crisis por el tráfico y consumo de fentanilo, así como al aumento de la presión migratoria en la frontera común.
El gobierno de Joe Biden quiere que México extradite a más narcotraficantes y desmantele más laboratorios clandestinos de fentanilo, un potente opioide sintético que ha provocado cifras récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos.
Además, la visita tiene lugar después de que la patrulla fronteriza estadounidense arrestara en agosto al mayor número de indocumentados en lo que va de año.
Una delegación de alto nivel
Blinken partirá desde Texas y aterrizará sobre las 16:45 hora local (22:45 GMT) en el Aeropuerto Felipe Ángeles de las afueras de Ciudad de México, una de las obras emblemáticas del Gobierno de López Obrador.
En su visita de dos días, el jefe de la diplomacia estadounidense estará acompañado de una delegación de alto nivel compuesta por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; el fiscal general, Merrick Garland, y la asesora de Seguridad de la Casa Blanca, Liz Sherwood-Randall.
También viajan el encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, así como el jefe antinarcóticos del mismo departamento, Todd Robinson.
La agenda oficial arrancará este mismo miércoles con una nueva reunión bilateral entre Blinken y la canciller mexicana, Alicia Bárcena, quienes ya se vieron la semana pasada en Washington.
También está prevista una reunión ministerial sobre migración en la que puede que participen otros cancilleres latinoamericanos.
El jueves, la comitiva estadounidense se reunirá con su contraparte mexicana para el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad, donde el tráfico de drogas, el tráfico de armas y la migración estarán sobre la mesa.
Al concluir, se espera una conferencia de prensa entre Blinken y Bárcena, y posteriormente el secretario de Estado pondrá fin a su visita con un encuentro con López Obrador en el Palacio Nacional.
El fentanilo, en el centro
La tensión por el fentanilo ha enredado la relación bilateral en lo que va de año.
Según Washington, los cárteles mexicanos fabrican esta droga con productos químicos comprados en China y luego trafican con ella a territorio estadounidense, donde el año pasado murieron más de 70.000 personas por sobredosis de esta sustancia.
En cambio, López Obrador ha negado públicamente que el fentanilo se fabrique en México y ha asegurado que llega directamente desde China, a pesar de que su Gobierno ha desarticulado varios laboratorios clandestinos de esta droga.
Sea como sea, hay señales de cooperación dado que México se sumó, a diferencia de China, a la coalición global lanzada por Estados Unidos contra el fentanilo.
Además, el Ejecutivo mexicano extraditó a Estados Unidos en septiembre a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «el Chapo» Guzmán, acusado de traficar con fentanilo desde el Cártel de Sinaloa.
Washington pide ahora la captura y extradición de los otros tres hijos del Chapo, a quienes llama «Los Chapitos».
México, por su parte, insiste en que Estados Unidos debe poner freno al tráfico de miles de armas que cada año acaban en manos del crimen organizado agravando la violencia en el país latinoamericano.
Preocupación por la frontera
Otros de los fenómenos que preocupa en la frontera es el migratorio, donde la situación no se ha estabilizado tras el levantamiento en mayo del Título 42, la política de deportaciones aplicada durante la pandemia del covid-19.
Estados Unidos, que arrestó en agosto a 233.000 personas en la frontera, insiste en que las puertas del país no están abiertas para los indocumentados y que la única manera de migrar es mediante un programa limitado de permisos humanitarios que se solicitan por internet.
El fenómeno ha provocado en las últimas semanas la suspensión de trenes de carga en México por la presencia de miles de migrantes en las vías y el aumento de los campamentos en el río Bravo, que sirve de frontera natural.
La canciller mexicana aseguró la semana pasada en Washington que su Gobierno explora poner en marcha vuelos de deportación a Ecuador, Colombia y Venezuela para aquellos migrantes que se queden varados en las ciudades mexicanas fronterizas con Estados Unidos.