El ex presidente sudanés Omar al Bashir reapareció en público por primera vez desde que fue apartado del poder por el Ejército y arrestado el pasado 11 de abril, y fue llevado hoy a la Fiscalía Anticorrupción en Jartum para ser interrogado por las acusaciones que existen contra él.
El subsecretario de esa Fiscalía, Alaa Aldin Dafaalá, dijo en declaraciones a la prensa que el destituido mandatario compareció ante el juez y fue informado de que se enfrenta a acusaciones de “posesión de fondos extranjeros y enriquecimiento ilegal”. Según la fuente, Al Bashir se presentó junto con su abogado defensor.
Mientras, la agencia oficial de noticias sudanesa, SUNA, que citó a una fuente anónima de la Fiscalía Anticorrupción, señaló: “Al Bashir fue informado de que tiene derecho de apelar las acusaciones en un plazo de una semana a partir de este momento”.
SUNA detalló que, en el caso de que la apelación sea rechazada, puede volver a hacerlo una segunda vez, tras la cual el caso sería remitido a los tribunales si no fuera aceptada.
La agencia publicó algunas fotografías de Al Bashir mientras estaba siendo trasladado de la cárcel de Kober a la Fiscalía, escoltado por policías y militares, y vestido con una túnica y turbante blancos tradicionales.
El portavoz de la Policía sudanesa, citado por SUNA, dijo que a las 15:00 horas local, Al Bashir fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad desde la prisión hasta la Fiscalía Anticorrupción, en el barrio de Al Emarat, y después de ser interrogado fue devuelto a la cárcel.
El dictador ha permanecido en Kober desde mediados de abril, pocos días después de haber sido arrestado por los militares, que anunciaron que le apartaban de la Presidencia luego de casi cuatro meses de protestas contra su gobierno en las calles.
Las investigaciones por corrupción contra el mandatario comenzaron en mayo y la Fiscalía General le acusó formalmente el jueves pasado de posesión ilegal de fondos, después de que fueron encontrados en su domicilio casi 7 millones de euros y cerca de 351.000 dólares en efectivo en los primeros días después de su caída.
Asimismo, la Fiscalía acusó el pasado mayo a Al Bashir de la muerte de manifestantes durante las protestas que comenzaron a mediados de diciembre de 2018, que llevaron a su derrocamiento, y que se prolongaron hasta la intervención de los militares a favor de las demandas de los manifestantes.