La caída de la gigantesca constructora brasileña significó un terremoto para la región, una vez que salieron a la luz crímenes de corrupción que involucran al alto gobierno de diez naciones latinoamericanas, entre ellos el de Venezuela. Al menos nueve ex mandatarios están en la mira de las autoridades de sus respectivos países y un presidente en funciones –el peruano Pedro Pablo Kuczynski– perdió su cargo. La trama, en todo caso, es enorme: el Ministerio Público Federal de Brasil ha recibido 254 pedidos de colaboración con investigaciones en el extranjero y ha enviado, por su parte, 259 solicitudes a otras naciones para obtener información que ayude a establecer responsabilidades
En abril de 2015 Odebrecht celebraba el título como la mayor constructora de América Latina. Tenía obras en todos los rincones del continente y acumulaba ganancias récord. Con el avance de las investigaciones iniciadas en Brasil en la ruta de la Operación Lava Jato, la empresa eligió el camino de colaborar con la justicia y causó un terremoto en el mundo político latinoamericano al confesar crímenes de corrupción en diez naciones de la región.
El número de presidentes y ex presidentes investigados en el continente, tres años y medio más tarde, da una medida del alcance de las maniobras de la compañía: al menos nueve ex mandatarios están en la mira de las autoridades de sus países, y un presidente perdió su cargo. El caso Odebrecht trajo una ola de investigaciones sobre altos funcionarios que, aunque no tuviesen relación con la firma bahiana, también quedaron envueltos en tramas sospechosas.
El fiscal del Ministerio Público Federal Roberson Pozzobon, que integra el equipo de trabajo de la Operación Lava Jato donde fue desentrañada, en Curitiba, considera que si antiguamente las dificultades burocráticas y las diferencias legales entre los países permitían que los crímenes transnacionales quedaran prácticamente impunes, ahora el escenario cambió. “Hoy es posible intercambiar informaciones y pruebas en el ámbito de investigaciones y procesos criminales de forma bastante rápida y eficiente, ya sea con naciones más próximas geográficamente, como en América Latina, o incluso en Asia”, afirmó.
Pozzobon dice que antiguamente el triunfo de las organizaciones criminales radicaba en el lavado de dinero en el exterior, fuera del país de origen, justamente para dificultar el rastreo de valores. Con las nuevas reglas y tratados de cooperación internacional, sin embargo, la modalidad se ha convertido en “un verdadero talón de Aquiles” para los criminales.
Acusaciones contra Lula
En Brasil el encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva es el mayor símbolo del impacto de las investigaciones anticorrupción. El ex mandatario ya fue condenado en dos instancias por haber recibido, según la acusación, un apartamento reformado por la constructora OAS como compensación por negocios con Petrobras. Lula niega haber recibido el inmueble o actuado a favor de la compañía.
El patriarca de la familia Odebrecht, Emilio, reveló a la justicia brasileña que conversaba con Lula e interlocutores del gobierno sobre asuntos de interés de la empresa, como medidas provisorias y líneas de crédito. Emilio suministró información que generó otros juicios contra Lula, en los que el ex presidente es acusado de haber sido beneficiado con la reforma de una casaquinta en Atibaia, ciudad del interior de São Paulo donde la constructora es señalada de comprar un terreno para instalar el Instituto Lula. La defensa argumenta que la casaquinta no está registrada a su nombre y niega que haya cometido delitos. En relación con el otro caso, indica que el instituto fue instalado en un lugar distinto y que Odebrecht no participó en su creación.
Las denuncias de la compañía implicaron a todos los ex presidentes vivos de Brasil. Los juicios que contenían citaciones contra José Sarney y Fernando Henrique Cardoso ya fueron archivados. Hay una investigación basada en las denuncias del grupo contra Fernando Collor de Mello que aún está en curso. Collor es imputado en un juicio ante el Superior Tribunal Federal, acusado de recibir más de 30 millones de reales (7,3 millones de dólares) en sobornos por negocios de BR Distribuidora, que no tiene relación directa con Odebrecht.
Poder bajo la lupa
En Perú el espectro de mandatarios en la mira de la justicia es amplio. Cuatro ex presidentes son investigados por sospechas de corrupción que involucran a Odebrecht. Alejandro Toledo ha sido acusado de recibir 20 millones de dólares en sobornos de la firma por la obra de la Carretera Transoceánica. En febrero de 2017 un juez determinó su prisión preventiva por 18 meses. Pero como Toledo se encuentra en Estados Unidos, la Fiscalía pidió su extradición, que fue confirmada por las cortes superiores. Aún no hubo respuesta de las autoridades norteamericanas.
Alan García es investigado por tráfico de influencias en un caso que investiga la concesión a Odebrecht de una línea del Metro de Lima. Él habría facilitado que la constructora ganara la licitación con otras dos empresas. No le fue impuesta restricción judicial.
El único de los ex presidentes peruanos que estuvo preso fue Ollanta Humala, acusado, junto con su esposa, Nadine Heredia, de lavado de dinero por haber recibido, según los delatores, 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña. Estuvo 9 meses en prisión preventiva, antes de que la justicia revocara la medida a finales de abril.
Pedro Pablo Kuczynski, a su vez, fue el único en perder el cargo. Renunció en marzo, también bajo la sospecha de lavado de dinero por contratos firmados con Odebrecht por empresas ligadas a él cuando era ministro. Está impedido de salir del país por 18 meses y sus bienes estuvieron confiscados.
En Colombia las averiguaciones iniciadas por los acuerdos con Odebrecht alcanzaron al ex presidente y premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos. El 30 de mayo fue liberado de una investigación en la Cámara de Diputados, iniciada por la sospecha de que había recibido dinero de la constructora en sus campañas de 2010 y 2014. El caso debe ser analizado por el Consejo Nacional Electoral, aunque especialistas discrepan sobre la competencia de ese tribunal para juzgar la acción.
Nombres próximos a Santos fueron citados por delatores de Odebrecht: el director financiero de la campaña presidencial, Roberto Prieto, llegó a ser investigado penalmente, pero fue absuelto. El ex ministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales fue condenado por recibir 6,5 millones de dólares de la empresa.
Hay dos denuncias contra el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, propuestas por un parlamentario. El ex vicepresidente Jorge Glas fue condenado, en diciembre de 2017, a 6 años de prisión y a pagar una indemnización de 7,5 millones de dólares. Está acusado de recibir 3,5 millones de dólares a través de pagos hechos a un tío.
Señalado de recibir 1,5 millones de dólares de la compañía en su campaña para la presidencia en 2008, el ex presidente de El Salvador Mauricio Funes huyó a Nicaragua. Funes viajó a ese país después de haber sido condenado en noviembre del año pasado por enriquecimiento ilícito y sentenciado a devolver, junto con su hijo, 419.000 dólares a las arcas públicas.
Aunque Argentina, Chile, Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela no tienen juicios contra presidentes o ex mandatarios, se han denunciado públicamente transferencias irregulares a políticos de esos países. A pesar de que, en el caso venezolano, la justicia oficial no ha emitido ninguna condena relacionada con el caso Odebrecht, el llamado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, una instancia paralela surgida en medio de la convulsión política, juramentada por la Asamblea Nacional y reconocida por la Organización de Estados Americanos, dictaminó, el 15 de agosto desde Bogotá, que el presidente Nicolás Maduro era culpable de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales y lo condenó a cumplir 18 años y 3 meses de cárcel, a pagar una multa de 25 millones de dólares y a resarcir 35 millardos de dólares al Estado.
Las acusaciones fueron promovidas por la fiscal general en el exilio Luisa Ortega Díaz, quien señaló a Maduro de haber adjudicado a Odebrecht obras sin licitación cuando se desempeñaba como canciller durante el gobierno de Hugo Chávez. También lo acusó de haber solicitado de la empresa brasileña 50 millones de dólares para la campaña presidencial de 2013, a cambio de “trato preferencial”. Aun cuando la condena fue reconocida por la AN, el presidente del Parlamento, Omar Barboza, la calificó de “no ejecutable” debido, señaló, a la ausencia de Estado de Derecho en el país.
Obstáculos en el camino
Las investigaciones del caso Odebrecht en América Latina aún se topan con la dificultad de desentrañar y establecer vínculos entre el soborno que la compañía admitió pagar y los políticos de los países involucrados.
En toda la región se activaron equipos de trabajo a finales de 2016, luego de que la empresa anunció la firma de un acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que admitió haber transferido 1 millardo de dólares en sobornos a naciones de las Américas y de África. Las averiguaciones fuera de Brasil, iniciadas hace cerca de año y medio, ya involucran al menos 254 solicitudes de colaboración dirigidas a la justicia nacional. El número es prácticamente igual a los 259 pedidos formulados por las autoridades brasileñas para obtener información de otros países.
Pozzobon describe las indagaciones como un camino de doble vía. “Nos ha permitido recuperar cientos de millones de reales desviados de las arcas públicas hacia el exterior y obtener documentos esenciales para responsabilizar a criminales poderosos, política y económicamente. A la vez, propició que Brasil compartiera pruebas que permitieron que avanzaran en otros países las investigaciones contra presidentes, ex presidentes y ex ministros”, afirma.
Las investigaciones, sin embargo, caminan a pasos más lentos en algunas naciones en comparación con el ritmo que llevan en Brasil. En Perú, por ejemplo, han sido detenidos siete ex funcionarios del Estado, supuestos testaferros de agentes de mayor rango, pero desde la renuncia de Kuczynski, en marzo pasado, no hubo operaciones ni otros arrestos. Odebrecht celebró acuerdos de colaboración que incluyen la continuidad de sus operaciones para cubrir daños causados por los delitos que admitió.
Procesos paralizados
También están trabadas las investigaciones en México. No hay funcionarios enfrentando juicios, y los mayores castigos fueron sanciones administrativas para empleados de Odebrecht y de Pemex, la petrolera estatal del país. La empresa admitió haber pagado 10,5 millones de dólares en México.La Procuraduría General informó que el caso estaba cerrado en octubre de 2017. Sin embargo, hasta julio de ese año nadie fue indiciado.
Los trabajos de investigación en Panamá llegaron recientemente a paralizarse por seis meses, pero fueron retomados en abril. El país anunció, en diciembre de 2016, justo después del acuerdo de Odebrecht con el gobierno de Estados Unidos, la creación de la Fiscalía Especial Anticorrupción para el caso.
Ecuador es otra nación en la que políticos aún no han sido sancionados. Los trabajos de los investigadores de ese país avanzaron al punto de condenar a nueve funcionarios del gobierno y de la constructora. Un nuevo frente de investigación surgió el año pasado, con la denuncia de irregularidades en el Metro de Quito, obra de 495 millones de dólares. Apenas en abril la Procuraduría General ecuatoriana logró fijar un acuerdo con las autoridades brasileñas para el intercambio de informaciones.
Las medidas más serias tomadas en Venezuela ocurrieron en febrero de 2017, cuando la empresa fue investigada y sus cuentas congeladas. En julio de 2017 se congelaron también las cuentas de dos familiares del ex ministro de Transporte Haiman el Troudi. Después de esto no ha habido otra acción por parte de la justicia oficial.
La ruta de las valijas
En Argentina también se presenta dificultad para el intercambio de información con las autoridades brasileñas. La justicia de ese país aún no ha tenido acceso a las informaciones de los cambistas ilegales o “valijeros” brasileños, responsables de hacer circular el dinero de las coimas de la trama Odebrecht. Las autoridades de las dos naciones negocian un acuerdo para que los imputados de la justicia brasileña puedan ser oídos en el país vecino. El principal obstáculo es la ley argentina, que no establece librar de condena a un delator que entregue elementos importantes para la investigación.
Está en la mira de los argentinos, por ejemplo, el “valijero” paulista Leonardo Meirelles, que firmó una delación utilizada por la justicia brasileña en 2016. En uno de los fragmentos, él dice que transfirió más de 500.000 dólares a una cuenta, en Suiza, del director general de la Agencia Federal de Inteligencia argentina, Gustavo Arribas. Los pagos habrían ocurrido en 2013, cuando Arribas trabajaba en Brasil como empresario de jugadores de fútbol.
Aunque Meirelles no haya dicho los motivos del pago, los investigadores recuerdan que se realizó luego de haberse reactivado un contrato de Odebrecht con el gobierno argentino para soterrar la ferrovía Sarmiento. Actualmente la obra es ejecutada por un socio internacional de Odebrecht, la italiana Ghella.
Aun sin las acusaciones de los “valijeros” brasileños, la investigación del caso del tren Sarmiento está adelantada. El diputado Julio de Vido, ex ministro de los gobiernos Kirchner, puede ser imputado. Hay un intercambio de correos electrónicos entre ejecutivos de la constructora y otras socias que comprobaría el pago de coimas. Los fiscales argentinos aún tienen esperanzas de que, en los próximos meses, conseguirán hacer acuerdos con ejecutivos de Odebrecht.
En Colombia 78 personas son investigadas por supuesta participación en el escándalo de corrupción; 5 ya fueron condenadas por irregularidades en las obras de Ruta del Sol, entre ellas el ex ministro Gabriel Ignacio García Morales y los ex senadores Otto Bula y Bernardo Miguel Elías
*** Con información de medios del GDA y colaboración de La Prensa de Panamá,Prensa Libre de Guatemala y El Día de República Dominicana.