Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, denunció que su oficina cuenta con información sobre homicidios e intentos de asesinatos de manifestantes en contra del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.
Los hechos se produjeron entre junio y julio pasados en el Departamento de Jinotega. «En al menos tres casos se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018», indicó.
Durante la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet se refirió al informe preparado por un equipo de su oficina sobre la situación en Nicaragua.
En la reunión, también el oficialismo de Nicaragua pudo intervenir, criticar su contenido y negar las acusaciones.
Pide investigar
Sobre los asesinatos en zonas alejadas y en la vecina Honduras, Bachelet pidió al gobierno nicaragüense que investigue de manera urgente esos crímenes y sancione a los responsables.
La alta comisionada agregó que 492 personas detenidas durante las protestas fueron excarceladas. Sin embargo, aseveró que hay más de 100 que siguen en prisión por participar en manifestaciones este año.
«El espacio cívico se ha visto reducido considerablemente a raíz de la crisis política», expresó. Indicó que la situación no ha mejorado, lo que se evidencia en la severa restricción de la libertad de expresión y de asociación.
Tampoco ha parado el acoso a los activistas y líderes comunitarios, indígenas y afrodescendientes con posiciones críticas hacia el gobierno de Daniel Ortega.
Valdrack Jaentschke, ministro asesor de la Presidencia de Nicaragua para las Relaciones Internacionales, reclamó que no se mire atrás sino la realidad. «Es muy diferente ahora, se respetan todos los derechos fundamentales», dijo.
Jaentschke señaló que la recogida de datos para el informe se realizó con «criterios parcializados».
Alertó que se omiten expresamente «actos de terrorismo, asesinato, torturas, secuestros, extorsión y otros delitos de crimen organizado» de los que responsabilizó a los participantes en las protestas.