Agentes de la Fiscalía Anticorrupción y efectivos de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad de la Policía de Perú han registrado este lunes en la madrugada la vivienda y oficias de Walter Ayala, un exministro de Defensa del expresidente Pedro Castillo.
El registro podría estar relacionado con los presuntos ascensos irregulares en el seno de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, un caso que salpica a Ayala y otros altos mandos de los cuerpos de seguridad, de acuerdo con información preliminar obtenida por la emisora RPP.
Los agentes de la Fiscalía y la Policía se han desplazado en primer lugar a las oficinas de Ayala, donde han tenido que entrar por la fuerza. A continuación se han desplazado hasta la residencia particular del exministro de Defensa, quien sí les ha facilitado el paso.
En ambas dependencias del que fuera encargado de Defensa entre julio y noviembre de 2021, la Fiscalía y la Policía Nacional han incautado un ordenador portátil, varios documentos y una copia espejo de su ordenador personal.
Al término de la operación de registro en sus propiedades, Ayala ha trasladado ante los medios de comunicación su predisposición a colaborar con la Justicia. «He sido juez y tengo mucha responsabilidad en no mentir», ha dicho.
«Yo estoy dispuesto a decir lo que yo sé, yo no voy a cargar con culpas ajenos sobre mis espaldas. Si yo he visto que alguien ha dejado algo (de dinero) o no, yo lo diré ante un fiscal», ha asegurado el exministro de Defensa, según recoge el diario La República.
En este sentido, Ayala ha aseverado estar limpio de toda culpa y ha rechazado estar involucrado con cualquier tipo de trama corrupta. «Si hay gente que ha robado, que se vayan presos porque nadie le debe robar al Estado. Yo estoy limpio», ha dicho.
La Fiscalía de Perú acusó a mediados de julio al expresidente Castillo de liderar una presunta organización criminal dedicada al ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional afines al entonces mandatario.
Según la hipótesis del Ministerio Público, el exasesor de Castillo Bruno Pacheco y el exiministro Ayala habrían operativizado y materializado el proyecto delictivo, gracias al que, junto al presidente, se habrían beneficiado económicamente.