El sacerdote Marcelo Pérez, reconocido defensor de los DD HH que denunció la violencia ligada al narcotráfico en México, fue asesinado a balazos este domingo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas (sur), en un crimen que ha desatado una ola de condenas.
Los gobiernos estatal y federal, la Iglesia católica y organizaciones de derechos humanos se han manifestado para rechazar el asesinato del religioso, que había recibido amenazas por su activismo.
Tras celebrar una misa y cuando se dirigía a su parroquia, «dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra su vehículo», dentro del cual quedó «el cuerpo sin vida del sacerdote», informó la fiscalía local en un comunicado.
«Este acto de violencia (…) no solo priva a la comunidad de un pastor dedicado, sino que también silencia una voz profética que incansablemente luchó por la paz con verdad y justicia en la región de Chiapas», expresó la Conferencia del Episcopado Mexicano, entre las mayores autoridades católicas del país.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, condenó el crimen en la red social X. «Nuestra solidaridad con la comunidad católica y el compromiso del gobierno (federal) que no habrá impunidad», escribió.
Pérez recibió «amenazas e intentos de criminalización»
Según el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los más activos defensores de los derechos humanos del país, Pérez recibió «amenazas e intentos de criminalización» por su continua denuncia de la violencia.
El sacerdote «caminó siempre con los más pobres, como verdadero pastor y defensor de derechos humanos. Había denunciado la creciente violencia de Chiapas, minimizada irresponsablemente por los gobiernos», condenó el centro.
El funeral del sacerdote se realizará en la parroquía de Guadalupe, donde estaba asignado, anunció el obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez.
La Iglesia seguirá buscando «la paz con verdad y con justicia», añadió el jerarca al lamentar el crimen.
La Compañía de Jesús, que también ha sufrido la pérdida de sacerdotes en medio de la violencia criminal, exigió que los crímenes contra religiosos no sean «minimizados como casos aislados».
«El Padre Marcelo ha sido un símbolo de resistencia y acompañamiento para las comunidades de Chiapas durante décadas, defendiendo la dignidad, los derechos de los pueblos y la construcción de una paz verdadera», señalaron los jesuitas en un comunicado.
El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, aseguró en su cuenta de la red social X que se iniciaron las investigaciones «para que su muerte no quede impune».
Contra la violencia
En las distintas parroquias a las que fue asignado, Pérez coordinó movilizaciones de la comunidad, incluidas marchas contra venta de drogas en bares y cantinas.
La violencia «ya no se aguanta», reclamó el pasado 13 de septiembre durante una peregrinación por la paz que se realizó en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.
En 2021 apoyó el levantamiento armado del grupo Autodefensas del Pueblo El Machete, en el municipio de Pantelhó, donde fungió como mediador entre el gobierno y el grupo armado.
Pero en julio de 2021 fue señalado de estar presuntamente relacionado con el secuestro de 21 hombres en esa comunidad, lo que el sacerdote negó.
En 2022, en medio de versiones no confirmadas de que sería detenido por orden de la fiscalía, numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y como ACAT-France, denunciaron un intento de «criminalización» del sacerdote.
En medio de la violencia que golpea a México, distintos religiosos han sido víctimas de la violencia.
Según medios mexicanos, tras el asesinato de Pérez, al menos nueve religiosos han sido asesinados en los últimos cinco años.
Uno de los crímenes que desató condenas dentro y fuera de México fue el de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, ultimados dentro de su iglesia en el estado de Chihuahua (norte) el 20 de junio de 2022.
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, suman más de 450.000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones en México, según cifras oficiales.