Después del tremendo alboroto que armó su primer mensaje ante miles de cocaleros en el Catatumbo –aseguró que se debe permitir que los campesinos puedan cultivar hoja de coca mientras van plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona–, el presidente Gustavo Petro ha tenido que salir a explicar que el suyo no fue un mensaje de carta blanca frente a la siembra, sino de gradualidad. Esto es, que en algunas zonas las narcosiembras no tendrían acción en contra del Estado mientras salen adelante los programas de sustitución.
Seguramente bien intencionada, esa estrategia podría terminar inundando aún más de coca el país, bien por exceso de buena fe o por desconocimiento de lo que se vive en el terreno. Un choque con la realidad que, por cierto, le ha venido pasando al gobierno en el frente de seguridad y orden público, en el que las ofertas y llamados a deponer la violencia no tienen aún la correspondiente respuesta de la mayoría de grupos ilegales que buscan cupo en la paz total. Sin aspersión aérea desde hace ya 6 años y con la erradicación forzada en sus niveles mínimos –este 2022 apenas llegará a 70.000 hectáreas, de una meta de 100.000–, no es descabellado pensar que las narcosiembras van a desbordar todos los registros, como ocurrió en 2021. Pero si a esa realidad se suma el mensaje del Presidente de que no se va a perseguir los cultivos, es harto probable que el área con la hoja solo crezca, señala el editor del diario El Tiempo Jhon Torres.
Eso fue lo que ocurrió con el proceso de paz con las FARC, cuando esa guerrilla movió a sus bases en las regiones para que sembraran más coca, ante el anuncio del gobierno de la época –similar al que está haciendo esta administración– de que a mayor área de coca mayores beneficios se lograrían de la política de sustitución. Esa es una de las explicaciones de por qué pasamos de 47.000 hectáreas de coca en 2012 a las 204.000 que reportaron Naciones Unidas en 2021. Y no hay que llamarse a engaños: si hay más hoja de coca, hay más cocaína: el año pasado se produjeron 1.400 toneladas, de las que cerca de 700 llegaron a los mercados. En 2005, con 135.000 hectáreas de coca según la ONU, los narcos produjeron 640 toneladas. Y el año pasado, con apenas 10.000 hectáreas más, produjeron el doble de alcaloide (1.228 toneladas).
La reingeniería de la lucha contra el narcotráfico, sin duda, es urgente. Pero si algo ha demostrado la historia del país es que se necesita una combinación realista de garrote y zanahoria para tratar de hacerle frente a un enemigo tan poderoso. El Catatumbo, el escenario del mensaje del presidente, es un buen laboratorio para demostrarlo. Allá había, de nuevo según la ONU, 15.000 hectáreas de coca en 1999 y ese número cayó a solo 844 en 2005. Y desde entonces empezó un ascenso que llegó a 22.207 hectáreas en 2012 y se disparó hasta las 42.576 del año pasado. Todo esto en una zona donde no se fumiga ni se erradica en forma desde hace más de 7 años, y que además surte los laboratorios que fabrican la mayor parte de la cocaína que sale hacia Estados Unidos y Europa desde territorio venezolano. Una eventual y probable disparada de la coca en el Catatumbo terminará beneficiando a los narcos que, con la aquiescencia, cuando no complicidad del gobierno de Maduro, tienen en Venezuela una plataforma segura de salida de su cocaína. Esos narcos de lado y lado no son actores pasivos ni de la actual disparada de nuestros narcocultivos ni del escenario que puede abrir la estrategia del gobierno Petro frente al narcotráfico.
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