La disolución del Congreso de Perú por el presidente del país, Martín Vizcarra, fue tomada con efusiva alegría por la población y por los partidarios del gobernante.
En contraste, es vista como un golpe de Estado por la oposición liderada por el fujimorismo, que controla el extinto Parlamento con mayoría.
El Partido Aprista, gran aliado político del fujimorismo, comparó la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso con el autogolpe de Estado perpetrado por el ex presidente Alberto Fujimori en 1992.
«Estamos claramente ante un golpe de Estado. Me hace recordar al 5 de abril de 1992. Tendrá que responder ante la ley. Hoy todos los protagonistas del 5 de abril están presos», aseguró a periodistas el ex primer ministro y portavoz del Partido Aprista, Jorge Del Castillo.
Su compañero de filas Mauricio Mulder lo catalogó de una felonía y consideró que Vizcarra actuó exactamente igual que Fujimori.
Hace 27 años, Fujimori disolvió el Congreso con el despliegue de tanques en las calles de Lima. Intervino la Fiscalía y el Poder Judicial y ordenó secuestros selectivos, en lo que se denominó un autogolpe donde concentró poder y se perpetuó en el cargo.
Sin embargo, Vizcarra se ha amparado en esta ocasión en la Constitución al sentir que había perdido la cuestión de confianza presentada para frenar la renovación del Tribunal Constitucional a pesar de que esa moción aún no se había votado.
La disolución del Congreso fue celebrada por los congresistas de centro e izquierda que apoyan a Vizcarra y que son minoría en el Congreso. Algunos de ellos se unieron a las masivas celebraciones que se dieron por todo el territorio de Perú al conocer la decisión del presidente.
Posiciones encontradas
«Celebramos esta victoria porque nos ha costado. Sabemos que la mafia se atrincherará con uñas y dientes para conservar sus sueldazos», advirtió en la calle Verónika Mendoza, líder del bloque de izquierdas Nuevo Perú.
«Hay que articularnos en un gran bloque para impulsar un proceso de transición democrática y recuperar plenamente nuestra democracia», agregó.
La portavoz de Nuevo Perú en el Congreso, Indira Huilca, señaló que salen del Parlamento con la frente en alto y la voz inquebrantable en defensa de los principios e instituciones democráticas.
«El pueblo es el soberano y su poder debe volver a un Legislativo sin mafia y sin impunidad», apuntó.
Esa celebración por parte de Huilca fue rápidamente respondida en redes sociales por el polémico portavoz fujimorista Héctor Becerril: «Regresarán con el rabo entre las piernas. Jamás dejaremos que implanten el chavismo ni el terrorismo en nuestra patria», escribió.
«Vizcarra debe tener algo muy sucio, con lo cual lo tienen chantajeado. No hay otra explicación para tremenda violación a la Constitución. ¡Hoy comienza su fin!», añadió Becerril.
El ex oficialista Juan Sheput, que se volvió en los últimos meses en un opositor de Vizcarra, afirmó que el mandatario tendrá que responder penalmente por la destrucción del orden constitucional.
La oposición no se dio por aludida con la declaración de disolución y celebró un pleno en Hemiciclo donde suspendió por doce meses a Vizcarra por incapacidad moral y ruptura del orden democrático.
Acto seguido, se nombró como presidenta en funciones a la vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz.
Al mismo tiempo, en Palacio de gobierno, Vizcarra nombraba un nuevo gobierno encabezado por el congresista Vicente Zeballos, hasta entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos.
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