El decreto del nuevo gobierno de Bolivia que promueve la impunidad para personal de las Fuerzas Armadas debe ser derogado inmediatamente, advirtió este lunes Amnistía Internacional.
“La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas seguridad. Cualquier mensaje que indique carta blanca para la impunidad es gravísimo”, declaró Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Añadió que los precedentes históricos en la región respecto al rol de las fuerzas militares exigen máxima observancia y compromiso de respeto de los derechos humanos.
Decreto 4078
Amnistía Internacional señaló en un boletín que el decreto 4078 del 14 de noviembre exime de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos de restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública.
La organización expresó su preocupación por este decreto. Aseguró que el mismo permite que las posibles violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas queden en la impunidad.
“La altísima tensión social no puede ser una excusa para que las fuerzas de seguridad actúen contrariamente a los estándares internacionales de derechos humanos”, advirtió Guevara Rosas.
Añadió que Jeanine Áñez tiene la obligación de detener las violaciones a los derechos humanos. “O atenerse a rendir cuentas ante mecanismos nacionales e internacionales», agregó.
Refirió que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde los comicios del 20 de octubre al menos 23 personas han muerto y 715 han resultado heridas.
Por eso llamó a las autoridades a investigar de manera pronta, exhaustiva e imparcial, estas muertes, al igual que las denuncias de violaciones a derechos humanos.