Los países de América Latina y el Caribe (ALC) están atrapados en una trampa que mantiene a sus habitantes en condiciones de desigualdad y bajo crecimiento con tres factores de fondo que se entrelazan y perpetúan el problema: la concentración de poder, la violencia y los efectos indeseados del diseño de sus políticas públicas.
Esa es la conclusión central del informe Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina, que acaba de publicar el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el que invita a los países de la región a “explorar la complejidad de las interacciones entre algunos de los factores que contribuyen a la perpetuación de esta trampa”.
El PNUD señala que la mayor desigualdad puede fomentar las condiciones para elevar los niveles de violencia y que esta, a su turno, puede aumentar la desigualdad a través de su efecto sobre los resultados del desarrollo.
El informe propone que los países miren de manera conjunta y no aislada los problemas y planteen soluciones para todos los aspectos a largo plazo, porque esos factores se impactan mutuamente y no se puede solucionar uno si los demás se mantienen.
La desigualdad lleva a la violencia por tres canales: la ilegalidad, la frustración y alienación de los desposeídos y la exclusión de ciertos sectores de la población en el poder, el estatus social y los ingresos.
El estudio se enfoca en los efectos de la violencia criminal, social y doméstica y plantea seis áreas claves en las que los países de la región deben actuar para combatir la violencia y romper el círculo vicioso que impacta el desarrollo y el crecimiento y profundiza la desigualdad.
Uno de los capítulos aborda “los vínculos entre violencia, desigualdad y productividad” y hace énfasis en el impacto en poblaciones vulnerables como las mujeres, con violencias como el feminicidio y el abuso sexual. “Dado que la violencia afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables, perpetúa y amplifica la desigualdad en varios aspectos del desarrollo, incluidos derechos, ingresos, salud, educación y representación política”, advierte el informe.
Entre las medidas señala la urgencia de establecer sistemas judiciales más independientes y eficaces, considerar nuevos enfoques para abordar el comercio ilícito, empoderar económicamente a los grupos marginados, ampliar la atención de salud mental para las víctimas de la violencia, invertir en capital social para reformar la política local y crear capacidad estadística para datos sobre violencia.
Estos desafíos parten de una realidad: América Latina y el Caribe alberga 9% de la población mundial y, sin embargo, representa 34% del total de las muertes violentas. A esta situación se suman la violencia sexual, los robos, el abuso policial, la trata de personas y la ilegalidad.
Sabana Grande, Caracas. Foto: Federico PARRA / AFP
Los costos de la violencia en América Latina
Según el informe de PNUD, cálculos recientes fijan el costo promedio del homicidio en los países de ALC en cerca de 4,1% del Producto Interno Bruto nacional (PIB), mientras los costos directos e indirectos del crimen se estiman en 3% del PIB en el país promedio y más del 6 por ciento en los países centroamericanos más violentos.
Cifras del Banco Mundial citadas por el estudio indican que el costo de los gastos médicos, la pérdida de productividad y el gasto público en seguridad es equivalente a 3,7% de la producción anual, lo que representa un desperdicio sustancial de recursos públicos.
Para el PNUD es un hecho que los costos macroeconómicos de la violencia se traducen en una mayor desigualdad de ingresos, especialmente si impiden que los países inviertan en políticas que reducirían la desigualdad, o si los menores niveles de crecimiento económico derivados de la violencia obligan a los gobiernos a abandonar intervenciones de bienestar institucional.
“La violencia es, por tanto, capaz de distorsionar lo público y lo privado”, explica el informe y recuerda que la violencia también impacta el crecimiento económico a través de su efecto en individuos, empresas, comunidades e instituciones.
Estudios anteriores dirigidos por el PNUD han concluido que los años perdidos en la esperanza de vida debido al exceso de homicidios en América Latina durante 2009 representó el equivalente a 0,5% ciento del PIB per cápita de la región en ese año.
Los costos de la prevención y el castigo del delito incluyen los costos de salud por homicidios y lesiones, pérdidas derivadas de delitos contra la propiedad.
Se estima el gasto público en enjuiciamiento, servicios penitenciarios y rehabilitación representaron 1,04% del PIB de Costa Rica en 2010, 1,21% del PIB de Chile, 2,27% del PIB de Uruguay, 2,53% del PIB de Honduras y 2,45% del PIB de Paraguay.
Se ha calculado que la victimización ha costado 1,18% del PIB de Uruguay, 1,47% en Costa Rica, 2,11% en Chile, 6,36% en Paraguay y 8,01% en Honduras.
Conocer el panorama de la desigualdad y visibilizarlo en la agenda de los países de América Latina y el Caribe es un paso para enfrentarla. Dando respuesta a los retos que supone la desigualdad regional, la Fundación PVBLIC desde su programa Alianza de Impacto Latino junto a los 11 medios de comunicación del Grupo de Diarios de América (GDA), influenciadores, gobiernos, multilaterales y empresas privadas, busca crear proyectos y liderar acciones que contribuyan a la agenda de trabajo contra la desigualdad.
Protesta contra la violencia de género. Foto Instagram Movimiento SOMOS
La violencia contra las mujeres
En la violencia doméstica, el estudio se centra en el impacto de la violencia contra las mujeres y las niñas como un flagelo contra los derechos humanos, salud pública, seguridad ciudadana y salud física, política y económica de las mujeres y su autonomía.
En América Latina y el Caribe cerca de un tercio de las mujeres que alguna vez han tenido una relación han estado física o sexualmente agredidas por una pareja íntima al menos una vez en la vida, y más de 10% de las mujeres de 15 años de edad o más han sido sometidas a relaciones sexuales forzadas por una persona que no es su pareja.
El informe recuerda que los niveles de este tipo de violencia son abrumadores. La tasa de violencia sexual fuera de la pareja es la tercera más alta del mundo, y la tasa de violencia a manos de parejas o exparejas es la segunda tasa más alta a nivel mundial.
La expresión más radical de esta violencia es el feminicidio, que ha llegado dimensiones preocupantes: según el Observatorio de Igualdad de Género de los Estados Unidos Comisión Económica de las Naciones para América Latina y el Caribe (Cepal), 4.555 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 18 países de ALC en 2018.
Hubo diferencias notables en las tasas promedio de feminicidio entre países en la región entre 2010 y 2019. En República Dominicana (3,1), Trinidad y Tobago (2,3) y Santa Lucía (1,8). En América del Sur, las tasas más altas se registraron en Bolivia (2,0), Brasil (1,6) y Uruguay (1,5). En Centroamérica, la subregión con mayores tasas, los países con más feminicidios en relación con su población fueron Honduras (7,1) y El Salvador (6,3).
El PNUD advierte que el miedo y la ansiedad creado por la amenaza de violencia puede alterar el comportamiento laboral y, por lo tanto, afectar negativamente el nivel educativo y el desarrollo cognitivo, empeoran los resultados del mercado laboral, y socavan las habilidades no cognitivas.
Por estas razones, la violencia de género puede también empeorar las desigualdades de género existentes en el mercado laboral. También puede amplificar la desigualdad económica dado el efecto desproporcionado de la violencia de género en las mujeres de bajos ingresos.
De ahí que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo recomienda que además de los asuntos de prevención, atención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres hay que integrar perspectivas económicas, sociales, culturales y de justicia para afrontar el problema a lo largo del ciclo de vida de las mujeres.
Venezolanos en Colombia. Foto: Daniel Martínez / AFP
La violencia en el desplazamiento y la migración
En el análisis del impacto de la violencia criminal en ALC el informe incluye la prevalencia de violencia por desplazamiento, que afectó a unos 265.000 guatemaltecos, hondureños y salvadoreños entre 2013 y 2018. El desplazamiento forzado también ha afectado miles de mexicanos y, como resultado de la violencia tanto criminal como política, a más de ocho millones de colombianos.
En su informe más reciente, la ONU estimó que 5,4 millones de personas habían dejado Venezuela hasta noviembre, y de ellas 4,6 millones terminaron en países de América Latina y el Caribe, la mayoría en altas condiciones de vulnerabilidad.
La migración provocada por la violencia puede exacerbar la desigualdad de ingresos porque los migrantes, desplazados internos y refugiados enfrentan mayores dificultades para encontrar trabajo y, por tanto, tienen menos perspectivas de mejorar sus condiciones económicas. “Si los que huyen son los más desfavorecidos, es probable que prevalezca una mayor desigualdad”.
La violencia puede desestabilizar las economías locales en áreas desfavorecidas, condenándolas a un menor crecimiento económico. Oleadas de violencia en las economías rurales locales que ya muestran un menor crecimiento económico y las instituciones de bajo rendimiento amplían la desigualdad subnacional (zonas declaradas como rojas o de alta peligrosidad) a través de un deterioro adicional en el bienestar económico de la población.
En México, las localidades afectadas por la violencia relacionada con las drogas experimentan caídas en la producción, las ganancias, los salarios y el número de empresas y trabajadores en manufactura. En Belo Horizonte y Río de Janeiro, en Brasil, el crimen representa 4 y 5 por ciento de la producción anual, respectivamente.
La violencia puede representar un obstáculo para los esfuerzos de reducción de la desigualdad: “A menudo se convierte en la mayor preocupación entre las personas en un lugar”.
La delincuencia en la región ha llevado a una reducción del apoyo a las políticas de bienestar, mientras que las elevadas tasas de violencia criminal han facilitado la propagación de las percepciones de inseguridad, lo que ha impedido la consolidación del bienestar. “Las víctimas directamente afectadas por el aumento de la delincuencia son a menudo las personas con mayor necesidad de asistencia social”, recuerda eñ PNUD.
La violencia puede incluso operar como un instrumento de poder que permite a las élites preservar el status quo distributivo, debido a la contribución de la violencia a la exclusión política de amplios sectores de la población que no pueden hacer demandas por una mayor igualdad a través del proceso democrático.
Según el informe, en América Latina y el Caribe (ALC) “élites han tolerado, facilitado y participado en la violencia, interviniendo de manera decidida contra la violencia solo si la violencia amenaza el equilibrio de poder entre los centro y periferia o la distribución del poder económico y político a nivel local”.
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El costo es para el desarrollo humano
Los efectos de la violencia sobre la desigualdad de ingresos operan a varios niveles. En el individuo, la violencia puede poner en peligro las perspectivas de ingresos de las personas desfavorecidas a través de múltiples canales, creando obstáculos adicionales para la reducción de la desigualdad. Por ejemplo, puede ampliar la brecha de ingresos al reducir la salud mental entre los pobres, alterando así la participación de los pobres en el mercado laboral.
El PNUD señala que, si bien los costos económicos de la violencia se pueden estimar, es imposible cuantificar el verdadero costo humano de la violencia o el trauma a largo plazo que la violencia puede perpetuar en el futuro.
“Pensamos que una llave para empezar a romper esa trampa está por el lado de la protección social”, afirma López Calva. En su concepto, “si los países hacen un esfuerzo amplio de replantearse la protección social para que sea universal, verdaderamente incluyente, fiscalmente sostenible, y además que sea amigable al crecimiento económico, es una llave que puede empezar a revertir esa trampa”.
Por Yolanda Gómez, especial para el Grupo de Diarios América.
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