Alvise Pérez es un influencer sevillano, polémico, que usa los medios no tradicionales para hacer ver al ciudadano común que no todo está bien en España. Tiene 32 años de edad.
Crítico del gobierno de Pedro Sánchez, lo es así mismo de los medios de comunicación tradicionales, a los que repudia y critica.
“Ahora mismo el periodismo en España significa corrupción por un motivo muy concreto porque ha mutado desde la descapitalización masiva de los años 90 en un periodismo mercenario en el que solo puedes publicar noticias si interesan a tus anunciantes o a tu jefe por motivos ideológicos, políticos o económicos, y a ti, si te están pagando de determinada forma por esa noticia o artículo”, dijo.
Sus críticas y planteamientos le llevan a estar seguro del camino que recorre. “Lo que sí tengo claro es que cuando tenga un hijo el día de mañana podré mirarle a la cara y decirle que, gane o pierda esta batalla que doy junto a miles de españoles que me secundan, hemos luchado para que España no acabe como otra Venezuela, con alguien como Nicolás Maduro en el poder que, por sus visos tiránicos, se parece muchísimo a lo que está haciendo Pedro Sánchez”, afirmó.
Advirtió que Sánchez niega la crisis, lo que lo acerca a José Luis Rodríguez Zapatero, y alertó que en diciembre podría llegar la recesión, como ya lo señalan algunos informes económicos.
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—¿A usted le gusta que le llamen influencer político, periodista o investigador?
—A mí me gusta que me llamen como consideren, lo que más se acerque a la descripción que ellos tienen de mí mismo, siempre y cuando no sea peyorativo. Si te llaman influencer que no sea en tono peyorativo, como algunos medios de comunicación utilizan, obviamente que a ninguno nos sienta bien. Pero si nos llaman generadores de opinión o de contenido, con el debido respeto, no hay ningún problema.
—¿Usted se va a quedar solo en las redes o va a dar un paso más allá en el periodismo?
—Ya dimos un paso más allá cuando empezamos a salir a la calle y llamar a cientos y miles de personas a ocupar las plazas y los lugares abiertos de Madrid e intentar protestar contra lo que consideramos es un régimen antidemocrático, en lo que teóricamente debería ser una democracia. Hace tiempo que hemos salido de las redes sociales y ya de hecho estamos más que nunca en el activismo callejero y en la movilización de masas. La pena es que la censura que se ha provocado por ello ha obligado a diversificar nuestra presencia en las redes sociales, por eso hemos llegado a Telegram o recientemente TikTok. La censura en Twitter, donde nos han cerrado la cuenta, o en Facebook e Instagram, en donde la señora Irene Cano ha decidido que no somos dignos del uso de la palabra.
España y los influencer
—El gobierno de España propone una nueva ley de Periodismo que involucre a los influencer. ¿Qué opina sobre ella?
—Opino que es una ley promovida en su mayoría por los dos grandes operadores de medios que son Atresmedia y Mediaset que controlan 85% del mercado publicitario y que generan en beneficios más de 300 millones de euros, que están extremadamente preocupados que la inmensa mayoría de la audiencia se esté yendo a estos generadores de contenido. Es una ley suicida porque nos obliga a los generadores de contenido, influencer, líderes de opinión, a abandonar el país o someternos al más antidemocrático de los procesos adelantados por el gobierno de España. Nos somete a multas de entre 60.000 y 1,4 millones de euros únicamente por publicar informaciones que el gobierno considere discriminador. ¿Es el gobierno de España juez y parte?, porque hasta donde yo sé eran meros legisladores, y ahora se consideran jueces para considerar lo que es contrario a la legislación. No sé para qué tenemos un sistema judicial si el propio gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, cree que puede aplicar leyes donde esta separación de poderes se viole.
—Dice la ley que no importa si eres español o si estás establecido en otro lugar, igual la ley se aplica. ¿Qué piensas de esto?
—Lo hacen precisamente por aquellos que han huido del infierno fiscal de España, donde estás pagando más de la mitad de lo que generas en impuestos. Siempre que generes actividad en España o incluso uses un satélite español, aunque estés viviendo en Andorra, Portugal o México, esta ley te va a afectar. Lo que es incomprensible es que los grandes actores de este mundo, los influencer, no estén protestando contra algo que coarta sus derechos. Es más, que se rumoree que se está pactando en una mesa de negociación para que ciertas personalidades del mundo digital queden fuera de la ley. O estamos todos a una o es mucho mejor que no estemos ninguno. Con los tiranos no negocias tu libertad.
La corrupción del periodismo en España
—¿Cómo describirías tú la corrupción en el periodismo de España?
—Es una absoluta vergüenza. Por los audios que hemos filtrado del comisario Villarejo hemos demostrado que los líderes mediáticos de España, la flor y nata, el señor Antonio García Ferreras, el señor Eduardo Inda, la señora Ana Terradillos, que es la presentadora de uno de los canales de más audiencia, como es Antena 3, están donde están porque obedecieron a las cloacas, obedecieron a sistemas corruptos de este país. Esos son los que han sido premiados. No son periodistas, son mercenarios. Espero que se vean más pronto que tarde su cara ante la justicia.
—¿Cómo define el periodismo que hace?
—Yo debo hacer algo distinto al periodismo porque todos los grandes medios de comunicación, todos los grandes periodistas de España, han sido condenados en firme por mentir, por engañar, por injurias o por calumnias. No hay un solo medio de comunicación de España que no albergue una docena de condenas en firme por ello. Yo no tengo la más mínima condena por mentir, por inventar, por falsificar, lo único que tengo son titulares que define mi competencia diciendo que miento. La señora Ana Pastor, por ejemplo, que es la mujer de uno de los mayores operadores mediáticos de este país, está condenada a devolverme más de 10.000 euros en multa por haberme acusado falsamente de mentir. Yo he ganado ese juicio. Sería bueno que quienes dicen que miento me dijeran en qué, y si hubiéramos mentido en algo, no ha sido nunca con mala fe. Nuestro rango de acierto es infinitamente muy superior que el de los grandes medios de comunicación.
—¿Usted cree que en algún momento puede seguir el camino de la política?
—Esto me lo preguntan, que si vamos a crear un partido político, si vamos a participar en las próximas elecciones generales. Yo a todas esas personas les digo: “Háganse ustedes la pregunta. Estoy criticando un sistema partidocrático mafioso en España, ¿se puede resolver este sistema partidocrático con un partido político?”. Yo todavía no he encontrado la respuesta a esa pregunta. Yo he llegado a hacer este periodismo de una forma sorpresiva, nadie me lo iba a creer hace tres años cuando era jefe de un Grupo Parlamentario, el más joven de la democracia española, y no tenía ningún tipo de necesidad, estaba a la mar de cómodo y a gusto. Justo cuando estaba así es que me doy cuenta de que existe una mafia política y una mafia mediática que lo sustenta. En ese momento dimití y me embarqué en esta aventura que, insisto, no sé cómo va a acabar.
La cuenta de Twitter
—¿Qué ha pasado con su cuenta de Twitter, por qué no se lo han devuelto?
—Mi cuenta de Twitter era un canal de más de 280.000 seguidores, que era trending topic diario porque así los españoles lo decidían. Lo que ocurre es que los propios gestores de redes sociales se consideran jueces y determinan si uno está o no cumpliendo la ley. A mí se me acusa de un agravio que es incitación al odio, únicamente por publicar quiénes en este país han cometido ciertos delitos como violación, agresión sexual y asesinato. Ninguno de los procedimientos que tengo abiertos ha tenido una resolución judicial. Me lo cierran, entre otras cosas, porque las redes sociales hoy en día son controladas por una corriente política que beneficia a una parte.
—¿Ha acudido a alguna instancia internacional?
—Nosotros estamos estudiando y pronto anunciaremos la contratación de un gran bufete de abogados internacional para llevar a Twitter Irlanda LTD a los tribunales por, entre otras cosas, violación de principios constitucionales y derechos fundamentales.