El bufete Ilocad, dirigido por el exjuez español Baltasar Garzón, acusa a las autoridades de Cabo Verde de atentar contra el derecho de defensa del empresario colombiano Alex Saab (reclamado en Estados Unidos) por deportar en dos ocasiones a uno de sus abogados, según un comunicado remitido este sábado.
Este despacho legal defiende a Saab en el caso de extradición que se cursa en Cabo Verde -donde está detenido- a petición de Estados Unidos, que lo acusa de ser testaferro de Nicolás Maduro.
El bufete asegura que uno de sus abogados intentó entrar en el país africano el jueves y el viernes pasados a través del aeropuerto internacional Nelson Mandela de Praia, sin conseguirlo.
Explica que un mismo responsable de vigilancia adujo en el aeropuerto motivos burocráticos para justificar la negativa a que el letrado pasara los controles de seguridad. Una acción que Ilocad considera «arbitraria y sorpresiva» y un «atropello intolerable» de las autoridades caboverdianas para «perjudicar gravemente» la defensa de Saab.
Según el comunicado, esto evidencia la «persecución política» que padece el empresario en el proceso de extradición «injusto e instrumental» por parte de Estados Unidos «en su confrontación con el gobierno venezolano».
Alega inmunidad
El equipo legal del empresario demandó, a su vez, a Estados Unidos y Cabo Verde ante organismos judiciales internacionales y de ese país africano. Esto por considerar que se violó la inmunidad jurisdiccional de Saab en su condición de «enviado especial de Venezuela».
Tras ser detenido el 12 de junio pasado en Cabo Verde, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del gobierno, que se encontraba «en tránsito» para regresar al país.
Saab fue arrestado en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada por medio de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.
Mantuvo un bajo perfil en Colombia; sin embargo, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Nacido en Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas; entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la administración de Maduro.
Según funcionarios del gobierno estadounidense, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron en estas operaciones con «cientos de millones de dólares».