El jefe de gobierno de Alemania, Olaf Scholz, y los jefes de los estados regionales acordaron en la madrugada del martes varias medidas para que el país sea menos atractivo para los migrantes que entrarán en vigor el próximo año.
Tras la llegada de un millón de ucranianos el año pasado y la afluencia este año de migrantes de Oriente Medio y África, los municipios encargados de acogerlos han dado la voz de alarma.
Una situación que beneficia al partido de extrema derecha, la AfD (Alternativa para Alemania), que ganó fuerza en dos elecciones regionales en octubre.
Al término de una maratónica reunión que comenzó el lunes por la tarde y finalizó el martes de madrugada, Scholz así como el jefe del gobierno regional de Baja Sajonia, Stephan Weil, y el de Hesse, Boris Rhein, detallaron las principales decisiones en una rueda de prensa en la cancillería, entre ellas reducir la ayuda financiera a los migrantes.
Hasta ahora, cualquier extranjero que llegaba a un centro de primera acogida, donde recibe techo y comida, recibía 182 euros (194 dólares) al mes en efectivo «para sus necesidades personales».
Para evitar que los solicitantes de asilo envíen este dinero a su país de origen, los migrantes ahora tendrán una tarjeta que les permitirá comprar lo que necesiten en las tiendas.
Actualmente, cuando salen del centro de primera acogida, los solicitantes de asilo se distribuyen en diferentes alojamientos y mientras esperan la tramitación de su expediente reciben durante 18 meses 410 euros mensuales por una persona soltera y 738 euros por una pareja.
Luego esa suma aumenta a 502 euros mensuales por una persona soltera y 902 por una pareja.
En cambio, según el acuerdo anunciado, los solicitantes tendrán que esperar 36 meses, en vez de 18, para beneficiarse del aumento.
Con respecto a los costes de acogida de migrantes, los estados regionales y los municipios exigieron más dinero al Estado federal, que a partir de ahora pagará 7.500 euros anuales por refugiado.
Alemania también extenderá sus controles en sus fronteras con Polonia, República Checa y Suiza, una medida excepcional, que requiere la aprobación de Bruselas.
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