Cali, el epicentro de las protestas contra el gobierno de Colombia que comenzaron hace tres semanas, tuvo este martes un remezón político por la decisión del alcalde Jorge Iván Ospina de pedir la renuncia de los integrantes de todo su gabinete.
Desde Twitter, y ante la nueva manifestación convocada para el miércoles, el mandatario local aseguró que «son momentos que demandan transformaciones reales, ampliación de capacidades y recuperación de confianzas» y consideró que «el mayor reto» es dar «una solución nacional a demandas con garantías».
Entre las exigencias de los ciudadanos que están en las calles desde el pasado 28 de abril no solo estaba tumbar la reforma fiscal que impulsaba el gobierno del presidente Iván Duque, sino que en Cali, donde se han presentado la mayor cantidad de acciones violentas, se sumó explícitamente la dimisión de Ospina, quien fue elegido con poco menos de 300.000 votos en 2019.
El alcalde ha estado en el ojo del huracán por cuenta de lo que la ciudadanía considera malos manejos de la pandemia y la realización de una ostentosa feria virtual que reunió bailarines y artistas de salsa internacional y que fue transmitida —sin éxito— por redes sociales.
Asimismo, un alumbrado navideño en el que la Administración Distrital invirtió más de 10.000 millones de pesos, un poco más de 2,73 millones de dólares, y que no pudo ser visto por los toques de queda implementados para evitar las aglomeraciones, mientras los comerciantes y propietarios de restaurantes pedían un auxilio para no perder sus negocios por la crisis económica.
Alcaldía desacreditado
Durante los primeros tres días de las protestas violentas el gobierno nacional envió 4.000 integrantes de la fuerza pública y a los ministros de Defensa, Diego Molano, e Interior, Daniel Palacios, para que despacharan desde la ciudad más importante del Pacífico colombiano.
El resultado, para muchos, fue el uso desproporcionado de la fuerza pública para intentar mantener el control de la tercera ciudad en importancia del país que estuvo bajo la lupa internacional por las violaciones de derechos humanos denunciadas por varias organizaciones.
Felipe Garcés, líder de barras bravas y quien adelanta un cabildo abierto en La Loma de la Dignidad, punto clave de bloqueos y concentraciones pacíficas en el oeste de la ciudad, dijo que la solución a la crisis que enfrenta la ciudad no es reacomodar el gabinete.
«La Alcaldía está muy desacreditada, falta diálogo, representatividad. Yo creo que la renuncia debe ser del alcalde porque no manejó esta situación con altura», aseguró.
Crisis social y económica
Las tres semanas de protestas históricas en Cali han dejado pérdidas de 2,1 billones de pesos, más de 573 millones de dólares, especialmente, en el sector del comercio, el agro y el transporte de carga, según reveló la Cámara de Comercio, una organización que reúne dueños de pequeños, medianos y grandes comercios.
Sus voceros explicaron a Efe que solo cuando terminen los bloqueos se podrá saber cuánto tiempo tardará la recuperación de la ciudad, aunque desde ya pueden calcular que, en 20 días de protestas, la economía de la reconocida Capital de la Salsa, «retrocedió diez años».
Fabio Cardozo, promotor de paz en el Pacífico, aseguró que la renuncia del gabinete de Cali es una bocanada de aire, pero no será suficiente si el alcalde no adopta posturas mucho más claras frente a la actual coyuntura y tenga en cuenta las demandas ciudadanas.
Precisamente, el mandatario de la ciudad anunció que cambiará las prioridades de sus inversiones económicas y ya no hará la reestructuración de una de las vías míticas de la ciudad, sino que destinará esos 60.000 millones de pesos, unos 16,3 millones de dólares, en empleo, deporte y cultura para los jóvenes.
Para Cardozo la decisión es apropiada, pero no suficiente en una ciudad con índices de pobreza que la ubican en el cuarto lugar a nivel nacional entre más de 1.100 localidades.
«Se necesita mayor conexión y empatía con el movimiento que hay en la calle, con el movimiento social y político», advirtió.