Al menos 903 personas perdieron la vida o desaparecieron durante los siete primeros meses del año cuando trataban de cruzar el Mediterráneo desde Túnez, principal punto de partida de la migración irregular hacia Europa, mientras 6.087 personas —de ellas 1.526 menores— lograron llegar a la costa italiana, reveló el último informe del Foro Tunecino por los Derechos Económicos y Sociales (FTDES).
Según esta ONG, que toma como referencia las cifras publicadas por el Ministerio del Interior tunecino, más de 35.000 personas han sido interceptadas por los guardacostas en lo que va de año cuando se disponían a atravesar el Mediterráneo central, la ruta más mortífera que se conoce, lo que no impidió que julio fuese el mes con mayor número de llegadas al país vecino, con un total de 1.769.
Durante el pasado fin de semana las autoridades encontraron 12 cuerpos en las playas de Sfax (centro-este de Túnez), todos ellos hombres adultos originarios del África subsahariana, y al menos 51 personas se encuentran desaparecidas desde ayer después del hundimiento de su embarcación precaria, por lo que la Guardia Costera tunecina continúa la búsqueda de supervivientes.
A principios de julio más de un millar de subsaharianos, incluidos residentes legales y solicitantes de asilo, fueron desahuciados y detenidos en Sfax —donde se concentra la mayoría de las salidas— durante redadas masivas para ser expulsados a la fuerza hacia las fronteras terrestres con Libia y Argelia, en una zona desértica sin acceso a comida, agua o asistencia.
En las últimas semanas, el gobierno tunecino ha acusado a las organizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas, de declaraciones «imprecisas e incluso engañosas» sobre estas expulsiones y defendió que Túnez «no es responsable de todo lo que sucede fuera de sus fronteras».
Human Rights Watch (HRW) instó a la Unión Europea (UE) a suspender el apoyo financiero a Túnez después de que firmase el pasado 16 de julio un acuerdo para reforzar sus fronteras a cambio de importantes inversiones, incluido un paquete de 105 millones de euros para rescates y «retornos voluntarios», y aseguró que el país magrebí no es un lugar «seguro».