Faltando pocos minutos para las 6:00 pm, hora límite para el procedimiento, el Juzgado 74 de control de garantías de Bogotá legalizó el domingo la captura de Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, y su exesposa Day Vásquez, quienes fueron capturados por la Fiscalía el pasado sábado, a las 6 de la mañana, en Barranquilla.
La diligencia se realizó en la mañana sin transmisión pública desde el búnker del ente acusador, en Bogotá. En este lugar, la expareja permanecerá hasta este martes, cuando se adelante la audiencia de imputación de cargos.
Los encargados de llevarlos ante el juez fueron los fiscales Mario Burgos y Luis Fernando Merchán, quienes ayer en la mañana —luego de un percance el sábado— radicaron una solicitud de audiencias contra Nicolás Petro y su exesposa, porque presuntamente el hijo del Presidente y diputado del Atlántico se habría quedado con 600 millones de pesos que personas de la costa Caribe como el empresario Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca y el excapo Samuel Sandander Lopesierra le habrían dado para la campaña electoral de su papá del año pasado.
Por ello, tanto el hijo mayor del Presidente como Day Vásquez serán imputados. Él por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos; y ella, por lavado de activos y por violación de datos personales.
No obstante, en la antesala a las diligencias del domingo hubo una serie de peticiones y de revelaciones, como la de que al diputado del Atlántico, al momento de su captura, los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se le llevaron de su casa varios elementos que van a servir en la investigación, y entre ellos está que le decomisaron la suma de casi 25 millones de pesos en efectivo.
Episodios destacados de las audiencias
La cita ante el juez 74 tuvo un par de momentos claves, uno de ellos es que este no fue el primer despacho que conoció del proceso. El sábado en la noche, cuando todo estaba previsto para legalizar las capturas realizadas en Barranquilla, el Juzgado 1 de control de garantías de Bogotá fue el escogido por reparto para adelantar las respectivas diligencias.
Pero la jueza que lo dirige, a eso de las 8:30 de la noche, decidió no darles inicio a las audiencias porque faltaban los abogados de Day Vásquez, quienes se conectaron desde un avión a decirle que justo estaban por despegar. Eso llevó a la jueza a decirles a los fiscales que radicaran nuevamente otro pedido de audiencias.
Así las cosas, Nicolás Petro y Day Vásquez pasaron la noche en el búnker. Fue entonces cuando el caso llegó al Juzgado 74. En el desarrollo de la cita, el abogado de Petro, el penalista Juan Carlos Trujillo, hizo un comentario en contra del actuar de la Fiscalía, pues considera que ha sido hostil en el tratamiento que ha tenido con su cliente y con él.
“De nuestra parte, hemos recibido un tratamiento hostil de parte de la Fiscalía, no contamos con las garantías. Estas audiencias tienen que realizarse en un escenario neutral, donde se garanticen los derechos de defensa y el principio de igualdad de armas”, dijo Trujillo, al referirse a que el búnker de la Fiscalía no debería ser el escenario para su cliente, pues los fiscales son la contraparte en el caso.
Además, cuestionó que mientras los defensores de Day Vásquez pudieron acompañarla presencialmente en el búnker, a él no se le invitó para estar al lado de Nicolás Petro.
Por todo ello, concluyó que no ha estado de acuerdo con la actitud “intimidante” de los fiscales.Caso contrario a lo que expresó ante el juez la detenida Day Vásquez. Al momento de presentarse, ella dejó claro, en una especial mención, que “la Fiscalía me ha brindado todas las garantías y ha sido respetuosa de todos mis derechos”.
Escuchadas todas las personas citadas, el juez dijo que como el fiscal Burgos solicitó audiencia de allanamiento y legalización, por norma debían adelantarse de manera reservada, y fue así como restringió el acceso a medios de comunicación y a demás interesados. Al mediodía hubo receso de una hora para almorzar y cuando retomaron, las partes volvieron a tomar la palabra.
Lo que está en juego en el caso de Nicolás Petro
El proceso penal en contra de Nicolás Petro nació luego de que su expareja destapó unos chats en los que hablaban de supuestos movimientos irregulares de plata, justo para la época electoral del año pasado, cuando habrían recibido los 600 millones de pesos.
Una vez se enteró del escándalo, el Presidente solicitó que su hijo fuera investigado, proceso en el que la Fiscalía se ha tomado varios meses recaudando información que, de comprobarse, podría darle a Petro una pena de 13 años.
Hasta el momento, la investigación -que incluye a bases de la Dian y la Unidad de Información y Análisis Financiero- ha arrojado que no cuadran los 17 millones que el diputado se gana al mes con los gastos que tenía en lujosos hoteles y el pago inicial de una propiedad en Puerto Colombia. Eso sumado a que la entonces pareja no registra bienes a su nombre, lo que llevó a los agentes a preguntar por sus movimientos bancarios.
Es acá donde entran nombres de posibles implicados en el escándalo, como los de Camilo Burgos (hermano de Nicolás), Máximo Noriega, Samuel Santander Lopesierra, Alfonso Hilsaca y César Vásquez.
Por ahora se sabe que las diligencias de ayer hacen parte de las tres fases del caso; y que tal como lo anticipó este diario, en menos de dos semanas se espera que los investigadores anuncien imputaciones contra el círculo cercano al diputado; mientras que Day Vásquez explora un principio de oportunidad que la libre de ir a la cárcel.
Al final de la jornada de ayer, la Fiscalía compartió un comunicado en el que manifestó que “el juzgado consideró que era improcedente la solicitud de la defensa del señor Nicolás Petro sobre la falta de competencia. Lo anterior fue considerado como un comportamiento lesivo de ese derecho a la libertad que tiene su defendido, pues sería extender su privación de la libertad promovida por la defensa”.
Por su parte, el Presidente —que trinó cuando capturaron a su hijo— no se pronunció desde sus redes ante los procedimientos efectuados ante el juez.
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