Omar al Bashir, ex presidente sudanés, confesó este lunes haber recibido un «regalo» de 91 millones de dólares de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
El dictador, encerrado en una jaula en el tribunal y ataviado con vestimenta tradicional blanca y turbante, no habló durante el juicio celebrado bajo fuertes medidas de seguridad. Aunque sí confesó todo lo que contenía el informe presentado por un investigador de la Policía, constató Efe en la sesión.
De los 91 millones de dólares, 25 millones procederían directamente del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, según las conclusiones del juez que realizó las investigaciones preliminares.
Los otros 65 millones vendrían del bolsillo del ex monarca saudí Abdulá Abdelaziz, que se los entregó a Al Bashir en 2 paquetes, así como un cheque de un millón de dólares firmado por Jalifa bin Zayed, presidente de EAU.
El investigador Ahmed Ali Areda destacó que «la cantidad de dinero encontrado no pertenece al Estado» sudanés.
Al Bashir confesó que el dinero «fue un regalo gastado en obras de caridad», de acuerdo con su informe. Sin embargo, Ali Areda lo desconoce porque «no hay registro» de ello.
Durante la sesión del juicio este lunes se escuchó también el testimonio del comandante general Musa Abdelraham, quien encontró en el hogar las bolsas con el dinero en efectivo.
El representante de la defensa de Al Bashir, Ahmed Ibrahim al Taher, se mostró convencido de que el ex gobernante es «inocente».
La siguiente vista del juicio ha sido fijada para el 24 de agosto, pero esta primera sesión había sido aplazada en dos ocasiones.
En contexto
El pasado 13 de junio, la Fiscalía General sudanesa acusó formalmente de posesión ilegal de fondos a Al Bashir.
En su domicilio fueron encontrados casi 7 millones de euros y cerca de 351.000 dólares en efectivo.
El dinero estaba repartido en bolsas de plástico, en Jartum, lo que dio comienzo a las primeras investigaciones contra el ex mandatario.
Al Bashir encerrado en una jaula en el tribunal | EFE
Al Bashir fue detenido el 11 de abril y trasladado poco después a la prisión de máxima seguridad de Kobar, donde aún permanece.
También está acusado de la «muerte» de manifestantes durante las protestas que llevaron a su derrocamiento, que comenzaron a mediados de diciembre de 2018.