La preocupación por los abusos de poder y violación de derechos humanos en Venezuela es expresada por gobiernos y organizaciones de Latinoamérica. Una de ellas es la ONG Amnistía Internacional (AI), cuyo director para Caracas, Marcos Gómez, teme por la represión del gobierno de Nicolás Maduro contra la oposición en un año electoral.
Gómez, en una entrevista con Infobae, denunció proyectos de ley impulsados por el oficialismo que podrían ilegalizar organizaciones civiles. Además, pidió más presión del gobierno de Javier Milei en Argentina para apoyar que la ONU siga investigando denuncias en Venezuela.
Peligro para organizaciones civiles
El director de AI se refirió a dos leyes puntuales aprobadas, en primera discusión, en la Asamblea Nacional. Estas pueden, a su juicio, dificultar el panorama de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La primera es la ley de fiscalización de organizaciones, que “elimina a todas las organizaciones civiles, las deja ilegales. Pueden ser organizaciones que trabajen por la cultura, por el deporte, por asuntos religiosos”, advirtió.
“El otro proyecto es el de la Ley Antifascismo. Es insólita porque si bien tiene un enunciado bellísimo de luchar contra el racismo, el clasismo, etcétera, luego se va complicando y va desarrollando que en realidad cualquiera que opine en Venezuela o tenga algún tipo de expresión”, dijo Gómez.
En ese sentido, señaló que publicar un tuit que no sea relacionado con el fin del Estado podría ser considerado fascismo. La legislación es una amenaza para la libertad de expresión.
Defensa de los derechos humanos
“Hay una instancia del Consejo de Derechos Humanos que se llama la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, que ha sido fundamental en establecer la verdad y la memoria de todos los casos que se han registrado desde 2014 hacia acá: violaciones graves, crímenes de lesa humanidad”, explicó Gómez.
Destacó que es posible que esa misión termine su mandato en Venezuela este año, debido a que tiene un lapso de funcionamiento y la manera de renovarla es con la presión de los países.
“Hasta ahora solo países de Europa y de Estados Unidos han escuchado a las víctimas y la sociedad civil, pero se requiere de la iniciativa de los países de Latinoamérica para presentarlo. Ya sabemos que México no quiere presentar esto. Dudamos un poco de Brasil, pero definitivamente el trabajo que pueda hacer la Cancillería de Argentina es fundamental”, expresó.
Exhortó al gobierno de Milei a pasar de las palabras a la acción y abogar en junio por la renovación de dicha misión internacional en Venezuela. “Es importante la participación de la Argentina para que el gobierno de Maduro no se sienta tan libre de cometer abusos”.
Con información de Infobae.