Europa se sigue considerando, a escala mundial. como un refugio para la prensa libre y democrática. Sin embargo, se observan tendencias con un cariz cada vez más preocupante, una de ellas puede ser la iniciativa de Pedro Sánchez junto con sus socios de ultraizquierda. Ya en su legislatura con Podemos, el exvicepresidente Pablo Iglesias pretendía un control sobre los medios de comunicación a la venezolana, es decir, siguiendo un modelo «chavista» y «madurista».
Sánchez, acuciado por la corruptelas de sus más allegados, busca un rápido control (o neutralización) de los medios menos afectos, buscando medidas de penalización sobre quienes destapan el fango de la ciénaga de su régimen. Por eso el gobierno de Sánchez pretende modificar, el 17 de julio, la legislación estatal y poner coto a la financiación pública de los medios de comunicación menos afines. El presidente adelantó hace unas semanas que pretende «cambiar las leyes del derecho de rectificación y del derecho al honor» a pesar de que no se ha constatado ningún déficit en este sentido.
Medidas para proteger la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación
En Alemania, Francia, Italia y el resto de los países de naciones europeas, la libertad de prensa y el debate abierto están garantizados. Por mi mejor conocimiento de Alemania puedo decir que la libertad para la información están más que garantizadas, tal vez por la historia y los funestos recuerdos de vivir bajo estados totalitarios como lo fue la dictadura de Hitler y, tras la guerra, en la Alemania Oriental, el socialismo de la República Democrática Alemana con su férreo control sobre los medios de comunicación y las propias vidas de los individuos.
Pero a nivel transnacional (se supone que impera mayores garantías) la Comisión Europea ha adoptado una serie de medidas para proteger la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en toda la Unión Europea (UE). Se trata del nuevo «Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación» que entró en vigor el 7 de mayo de 2024 y cuyas nuevas normas serán plenamente aplicables a partir del 8 de agosto de 2025.
Según esta reciente normativa europea las decisiones editoriales de la prensa gozarán de una mayor protección frente a injerencias indebidas y, en el caso de los medios de comunicación públicos, los periodistas tendrán garantías de que su empleador dispone de financiación adecuada, sostenible y previsible para futuras operaciones, de conformidad con su misión de servicio público.
El reglamento también establece sólidas salvaguardias en lo que respecta a la confidencialidad de las fuentes y comunicaciones periodísticas, en relación, por ejemplo, con el uso de programas de vigilancia intrusivos contra los medios de comunicación, los periodistas y quienes mantengan relaciones regulares o profesionales con medios de comunicación o periodistas.
Puntos fundamentales
Este nuevo reglamento europeo tendrá el propósito, según muestras sus puntos fundamentales, de:
–Proteger la independencia editorial.
–Proteger las fuentes periodísticas, en particular frente al uso de programas espía.
–Garantizar el funcionamiento independiente de los medios de comunicación públicos.
–Aumentar la transparencia en cuanto a la propiedad de los medios de comunicación.
–Proteger a los medios de comunicación de la eliminación injustificada de contenidos en línea por parte de plataformas en línea de muy gran tamaño.
–Introducir un derecho de personalización de la oferta mediática en dispositivos e interfaces.
–Garantizar la transparencia de la publicidad estatal para los prestadores de servicios de comunicación y las plataformas en línea.
–Garantizar que los Estados miembros proporcionen una evaluación del impacto que tienen las concentraciones clave en el mercado de los medios de comunicación sobre el pluralismo de los medios de comunicación y la independencia editorial.
–Ofrecer mayor transparencia en la medición de audiencia a los prestadores de servicios de comunicación y los anunciantes.
«Acallar la máquina del fango»
Sánchez pretende acogerse a algunos de estos puntos del reglamento europeo (desde los que sus asesores e ingenieros sociales rebuscan cuestiones ideológicas) para imponer, en el marco de su «plan de calidad democrática», acabar –dice– con «la impunidad de algunos pseudo-medios financiados en buena parte por gobiernos de coalición entre el PP y Vox», es decir, contra los partidos de la oposición.
En los términos de uso común en su gobierno se trata de «acallar la máquina del fango» para ellos seguir ampliando su «ciénaga».
Habría que preguntarse si lo que pretende Sánchez es «ampliar leyes por libelo y difamación que limiten el derecho de manifestación y críticas al gobierno». Si lo que busca Sánchez es «adoptar medidas legales y punitivas contra las personas críticas que destapan y denuncian acciones ilegítimas del gobierno y sus allegados, sea desde la oposición, desde la sociedad civil o desde la prensa». Y, por último, veamos si Sánchez los que pretende es camuflar medidas represivas para restringir las libertades civiles y censurar a los medios de comunicación
Porque si respondemos afirmativamente a estas tres cuestiones tendremos la prueba de que Pedro Sánchez y su gobierno avanzan inexorablemente en la peligrosa dirección de restringir las libertades civiles para acallar las voces de la oposición, de la sociedad civil y de los medios de comunicación.
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